CASO VILLAREJO: Sánchez Galán pide declarar ante el juez

25 de mayo de 2021

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional para declarar de forma voluntaria para aclarar cualquier duda sobre su presunta implicación en el caso Villarejo.

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Así lo ha comunicado en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con le objetivo de despejar cualquier incógnita sobre su persona en las contrataciones de la empresa del comisario jubilado, Cenyt, entre 2004 y 2017, que se están investigando en juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia. La petición se produce un día después de que se supiera que el juez está esperando la petición "inminente" de la Fiscalía para citarle a declarar, ya sea en calidad de imputado o como testigo. 
Por otr parte, la Fiscalía Anticorrupción solicitará al juez del caso Tándem que cite a declarar como investigado al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, para interrogarle acerca del conocimiento que tuvo de la contratación de la empresa Cenyt del comisario investigado José Manuel Villarejo para que realizara labores de inteligencia o espionaje para la compañía.

A mediados de mayo, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía presentó un informe al Juzgado Central de Instrucción 6 en el que recogió el contenido de distintas conversaciones entre el exjefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo -ya investigado por presunto cohecho en la causa- y el comisario jubilado. Se trató de unas conversaciones que éste último grabó entre 2004 y 2005, cuando desarrolló trabajos por encargo de Iberdrola. Uno de ellos, según la investigación de la Audiencia Nacional, habría consistido en la búsqueda de información para desprestigiar al expresidente de Endesa, Manuel Pizarro. En segundo lugar, la compañía habría encargado al comisario un informe de seguimiento sobre asociaciones y particulares, entre ellos una concejal del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz) que se oponían a la puesta en marcha de una central de ciclo combinado de la compañía en el dicho municipio.

En el informe mencionado, la Policía concluyó que hay evidencias de que el comisario rastreó llamadas de de los contrarios al proyecto de manera ilegal, gracias a sus contactos en la Policía y las compañías telefónicas. Éste es uno de los motivos por los que Villarejo está investigado también por revelación de secretos.
En las conversaciones grabadas Asenjo -que fue el enlace entre Villarejo e Iberdrola- y el comisario se refirieron en distintos momentos al «señorito» o «don Ignacio» en alusión, según consideran los investigadores, a Ignacio Sánchez Galán. En la Fiscalía Anticorrupción ven obligado que el juez cite al aludido a declarar para poder interrogarle acerca del conocimiento que tuvo de que Villarejo era el propietario de la empresa a la que se contrató para realizar labores de investigación y en caso de saberlo, si conocía que éste aún estaba en activo en la Policía.

Precisamente otros audios y documentos incautados al comisario Villarejo sobre sus conversaciones con los exjefes de seguridad de BBVA, CaixaBank o Repsol motivaron la imputación de los expresidente de las entidades bancarias Francisco González (FG) e Isidro Fainé y del presidente de Repsol Antonio Brufau por los trabajos de inteligencia encargados por las compañías del Ibex 35 a la empresa Cenyt del comisario. También en estos casos se aborda si estuvieron al tanto de la contratación del comisario y de su condición policial, por eso se les investiga ya por presunto delito de cohecho.
En este contexto, Iberdrola ha emitido un Hecho Relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) indicando que tras las investigaciones realizadas en los juzgados y los controles internos en el informe forensic de PriceWaterHouseCoopers (PWC), ha mostrado su intención de «poner a los administradores y empleados de la sociedad a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº6» para «facilitar la investigación en curso».

La compañía del Ibex 35 asegura que durante este tiempo empresas competidoras han actuado «directa e indirectamente» para dañar la imagen de Iberdrola, lo que le ha obligado a tomar «acciones legales en defensa de su honor y de su reputación, protegiéndose de actos de denigración, y en reclamación de los daños producidos, incluso presentando, cuando ha sido necesario, denuncia por falsedad y querella por sustracción de documentos y revelación de secretos, ambas admitidas por los correspondientes órganos judiciales».

Fuentes de la compañía eseñalan que si el juez cita como investigado a Sánchez Galán, «acudirá a declarar sin ningún tipo de objeción» en aras «de la transparencia que siempre ha mostrado Iberdrola». En el Hecho Relevante, Iberdrola afirma que «las declaraciones e informaciones que se han vertido durante todo el proceso del caso Villarejo contra la propia compañía y Sánchez Galán responden a una clara estrategia de desprestigio motivada por intereses espurios de algunos ex directivos y competidores que tan sólo pretenden perjudicar judicial y públicamente a otros directivos y a la propia empresa».
 

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