Los funcionarios de justicia llevan algo más de un mes luchando por sentarse en la mesa con los representantes del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Hacienda para conseguir una subida salarial equiparable a la experimentada por los letrados de la Administración de Justicia y los jueces y fiscales. El pasado 22 de mayo dieron un paso más al convertir los paros parciales en indefinidos. El pasado 25 de mayo, miles de funcionarios salieron a la calle en Madrid para reivindicar sus derechos y señalaron la «actitud clasista» de la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Desde los comités de funcionarios se respira decepción por un Gobierno que se ha sentado recientemente hasta cinco veces con los jueces pero no «ha tenido tiempo», lamentan, de iniciar una negociación con los funcionarios que trabajan en juzgados y tribunales. Los funcionarios de justicia exigen una subida salarial de entre 350 y 430 euros mensuales a través del «complemento general del puesto». Los jueces y fiscales firmaron una subida de 450 euros al mes, similar a la categoría más alta de letrados de la Administración de Justicia, que acordaron un incremento genérico de 430 euros al mes.
El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Ribón, se ha dirigido a los líderes de los sindicatos de justicia convocantes de la huelga indefinida para pedirles «un ejercicio de responsabilidad» tras el anuncio por parte del presidente del Gobierno de su intención de aprobar en el Consejo de Ministros de mañana la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas. “La huelga en Justicia está causando un daño irreparable a los profesionales y a los justiciables, ciudadanos y empresas. Les pido a los sindicatos que desconvoquen de forma inmediata estos paros asumiendo que el actual contexto político no permite vislumbrar un fin cercano de este conflicto”, ha señalado.
