Los expertos de CaixaBank señalan que el tipo medio que paga el Tesoro hoy todavía está muy lejos de los máximos de 2007 a 2011 por encima del 4%, pero el drástico incremento del volumen de la factura a deber, de apenas 649.000 a 1,54 billones de euros, elevará este año el pago de intereses hasta niveles no visto nunca: alrededor de 40.000 millones de euros anuales, casi el doble que en 2010. De este modo superará el récord de 2013, cuando el servicio de la deuda requirió destinar algo más de 38.000 millones de los presupuestos tras el rescate financiero que impulsó Bruselas.
El desafío con el que tendrá que lidiar el próximo gobierno que surja este domingo 23 de julio de las elecciones generales será doble. Primero, su ministro de Hacienda afrontará una factura financiera creciente por el dinero prestado de los inversores. Segundo, el Gobierno debe encontrar un recambio al Banco Central Europeo que se había convertido en el principal comprador en las subastas de la deuda pública española en los últimos años.
El próximo jueves 27 julio, el BCE volverá a apretar las tuercas a la financiación con otra subida de tipos de 25 puntos básicos, del 4% al 4,25%, en el aniversario del primer aumento en más de una década. España, al igual que otros gobiernos europeos, todavía tiene un coste en intereses muy por debajo de las tasas oficiales o del Euríbor, el principal índice de financiación de hogares y empresas. Esto se debe a que buena parte de su endeudamiento está a largo plazo, con una vida media de 8 años, y se ha abaratado a mínimos históricos tras siete años de tipos negativos. A partir de este mes, el BCE dejará progresivamente de estar presente de forma masiva en las subastas para ir reduciendo su peso en los mercados secundarios de deuda. Los expertos prevén que la curva de rentabilidad de los bonos subirá y, por consiguiente, el coste para el emisor a la hora de recaudar fondos porque serán los inversores privados, bancos y fondos quienes tengan que reemplazar al organismo.
En 2022, el banco central realizó compras de deuda soberana española por valor de 61.000 millones de euros entre emisiones nuevas y reinversiones tras el vencimiento de emisiones compradas anteriormente. Para 2023, sobre todo a partir de julio, el BCE no realizará compras netas y las reinversiones en títulos españoles apenas llegarán a 22.500 millones, según una estimación de Caixabank Research.
Otro informe de Caixabank estimaba al inicio de 2023 que el tipo medio de la deuda de las Administraciones Públicas «podría situarse» alrededor del 2,5% en 2025, «lo que conllevaría una factura por intereses de unos 41.000 millones de euros, comparado con los 29.000 millones de 2022 y los 34.000 millones que prevemos para 2023». Ese escenario se está adelantando casi un año porque la repreciación de la cartera de deuda del Estado se acelera. Cada emisión nueva al 3% o 4% está comparando con tipos inferiores al 1% -o incluso negativos en las letras- de los que ha gozado el Gobierno actual durante la mayor parte de la legislatura.
«Así, el endurecimiento monetario llevará a un aumento paulatino del coste de la deuda y, teniendo en cuenta la elevada deuda pública, será clave diseñar una estrategia de consolidación fiscal, gradual pero sostenida en el tiempo, y que sea creíble por parte de los inversores internacionales», advertían desde Caixabank en febrero. No es baladí. Cada incremento de 100 puntos básicos en el coste medio de la deuda puede provocar un aumento del orden de 15.000 millones de euros en el gasto anual de intereses que tendrá que presupuestar el próximo gobierno
En julio, el tipo medio del Tesoro superará el 2% por primera vez desde 2019, medio punto por encima de los niveles en que se situó en marzo de 2022. El Gobierno todavía tiene que refinanciar algo más de un tercio de los 256.000 millones de euros que se planteó para 2023. De ellos, 70.000 millones serán deuda nueva.
Según los datos publicados por el Banco de España esta semana, la deuda pública de las Administraciones Públicas se incrementó en 16.000 millones de euros en mayo hasta un nuevo récord de 1,542 billones de euros. El ratio deuda / PIB -que mide la capacidad para repagarla- se redujo en cambio hasta el 112,4%. De esa cifra, el 90% se corresponde con el Estado y la Seguridad Social, mientras que apenas el 10% restante es imputable a las Comunidades Autónomas y Entes Locales.