El problema es que en este tiempo, la política vasca ha cambiado sustancialmente. El PNV ve cada vez más cerca a EH Bildu, su rival regional, que tendrá un escaño más en Madrid gracias al logrado en Navarra. Tras ver caer sus votos en 100.000 respecto a las anteriores elecciones generales de 2019, los de Ortuzar han resucitado el tren de alta velocidad como posible movilizador de votos y para tratar de imponer su agenda de cara a las cada vez más próximas elecciones vascas, previstas para mediados de 2024.
La realidad es que el tren rápido vasco, aunque despacio, se acerca cada vez más a su puesta en marcha. De la Y sólo faltan por completar sus dos tramos más complejos: el nudo de Bergara —actualmente en obras— y su encauzamiento hacia Bilbao por Elorrio y Atxondo —también en marcha—; y la entrada a San Sebastián. Esta se hará por la línea actual desde Astigarraga, para lo cual se está instalando un tercer carril que permita la llegada de los trenes de alta velocidad y su continuación hacia Irún y Francia. A eso se suma un pequeño subtramo entre Legutiano y Eskoriatza, en Vitoria, también en ejecución.
El verdadero tapón está en el tramo de 90 kilómetros que une Burgos con Vitoria. En 2022 se consumó la llegada de la alta velocidad a la ciudad castellanoleonesa en vía única, pero las obras que deben continuar esta línea hasta Vitoria no han empezado: la redacción de los proyectos básicos y de construcción se adjudicó en marzo de este año y cuentan con un plazo de tres años para concluirlo. Esto generará, casi de forma inevitable, una nueva demora en los plazos y pone en duda el inicialmente fijado para 2027 por el entonces secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores.
Fuentes de ADIF señalan que la inversión total prevista, asumida por el Gobierno de España, superará los 4.000 millones de euros, de los cuales ya se han ejecutado 2.500. La empresa estatal se encarga de construir la plataforma entre Vitoria y Bilbao y el Gobierno Vasco ejecuta la obra a su paso por Guipúzcoa, algo que se financia mediante anticipos sobre el cupo que luego reintegra la Hacienda estatal.