La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa lamenta que este contexto este deteriorando la competitividad de las empresas de menor tamaño, que suponen más del 90% del tejido productivo del país. Así, la patronal ha aprovechado el entorno de negociaciones políticas sobre la formación del nuevo Gobierno para poner sobre la mesa un decálogo de demandas que puedan hacer suyas los distintos grupos parlamentarios.
Desde Cepyme recuerdan que pese a los niveles de inflación y al alza agresiva de los tipos de interés con la que el Banco Central Europeo ha tratado de hacerle frente, las pequeñas y medianas empresas han seguido contratando. Aseguran que la presión fiscal está actualmente en máximos históricos, lo que detrae capacidad de ahorro e inversión a los empresarios y mina las posibilidades de que las pymes españolas ganen tamaño, un elemento esencial para su competitividad, supervivencia y para el sostenimiento del empleo. «Entre las grandes economías del mundo, España se sitúa a la cola en cuanto a atractivo fiscal, como consecuencia de la alta presión existente desde la perspectiva empresarial y patrimonial», advierte el documento.
Lamentan, en concreto, el incremento de las cotizaciones sociales que se ha producido en los últimos años, tanto de las bases -más del 50% las mínimas y cerca de un 20% las máximas- como de los tipos -que se sitúan como los terceros más elevados de toda la Unión Europea. El hecho de que sean empresas más pequeñas supone que los costes laborales tengan un mayor peso sobre su negocio. Por ese motivo, reclaman al futuro Ejecutivo un marco fiscal, laboral y administrativo más amable para las pymes que favorezca la inversión (desde el punto de vista interno y externo) y el empleo.
En este sentido, apuestan por una «simplificación» del Impuesto sobre Sociedades, por eliminar los tributos que no existan o sean minoritarios en los países de nuestro entorno, evitar que la fiscalidad obstaculice los movimientos de capitales, actualizar el marco de los incentivos fiscales al I+D+i y garantizar la seguridad jurídica en las deducciones por innovación tecnológica. También reclaman al Gobierno limitar la implantación de nuevas cargas fiscales de carácter medioambiental y articular un marco fiscal común en este ámbito para todas las comunidades autónomas. En este sentido, las pymes inciden en que «urge la llegada a un acuerdo para que el Estado dé forma a dichos impuestos y, posteriormente, los ceda a las CCAA mediando cierta flexibilidad normativa», zanja.
Cepyme incide en que el fuerte aumento de la actividad a lo largo de los últimos meses no debe desviar la atención de los desafíos a futuro a los que se enfrentan en un entorno de encarecimiento y restricción del crédito y con alzas constantes de sus costes fijos. El documento ‘Propuestas de CEPYME para el nuevo Gobierno’ centra el foco en problemas como la morosidad o la falta de mano de obra (que genera vacantes sin cubrir), dado que ambos atañen a distintos estamentos de las Administraciones y precisan de soluciones por parte de varios ministerios, así como un acelerón de los fondos europeos. Piden, entre otras medidas, que se retiren obstáculos normativos, se flexibilice la aplicación de los escalones regulatorios que limitan el crecimiento de las pymes, que se fomenten las fusiones y adquisiciones, así como evaluaciones para calcular el impacto de las normas en la empresa tipo nacional. Desde Cepyme insisten en que los grupos parlamentarios tomen conciencia de la situación de las pymes a la hora de legislar. En materia laboral, reclaman fomentar el diálogo social y la negociación colectiva, activar mejoras en las políticas activas y pasivas de empleo y ven necesario poner más énfasis en la formación profesional, la recualificación y la formación continua, para enfrentar el problema de la falta de mano de obra que aqueja a sectores clave del tejido productivo español.
Otro de los asuntos clave que puede suponer un cambio de rumbo importante para las pymes tiene que ver con el desarrollo pleno de la unidad de mercado, ya que conforma una de las principales barreras al crecimiento de las pymes. Para ello, habría que homogeneizar normativa, articular mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones y reducir los trámites burocráticos que limitan el acceso a los fondos Next Generation. La patronal ve necesarias, además, políticas activas en materia de morosidad que frenen esta lacra tanto en el sector público como en el privado, dado que supone una merma de liquidez para las empresas.
