Estos fondos «constituyen un importante catalizador para nuevos proyectos de inversión, lo que frenaría el crecimiento económico y presionaría las finanzas públicas», señalan en Scope Rating, donde creen que para España es crucial que la inversión se desbloquee para lograr un crecimiento y un empleo sostenibles.»Dado que ni el presidente del Gobierno socialista en funciones, Sánchez, ni el líder de la oposición, Núñez Feijóo, tienen posibilidades claras de formar una mayoría parlamentaria, existe el riesgo de un bloqueo político prolongado que frene el despliegue de los fondos de la UE y la reforma fiscal y económica estructural. Si ello condujera a un crecimiento más lento de lo previsto, complicaría los esfuerzos del Gobierno por mejorar las finanzas públicas», expresan desde la agencia.
Y añaden que «el riesgo es que esto limite las perspectivas de crecimiento a largo plazo de España. El escaso nivel de inversión del país explica en parte el mediocre mercado laboral. El desempleo del 12,8% en el primer trimestre de 2023 era más del doble de la media de la eurozona y se comparaba con el 11,8%, el 7,8% y el 6,9% de Grecia, Italia y Portugal, respectivamente», dicen.
Por otro lado, esperan que la tendencia positiva de la balanza por cuenta corriente de España persista, «gracias al floreciente turismo interno y a la expansión de los proyectos de energías renovables, respaldados por una amplia capacidad de este tipo de energías».
Sin embargo, destacan que el endurecimiento de la política monetaria y el aumento de los intereses suponen un nuevo freno para la inversión del sector privado, al incrementarse los costes de los préstamos. «La reticencia de las empresas a invertir se refleja en la de los hogares, que tienen presente el impacto económico de la pandemia, el aumento del coste de la vida y, posiblemente, la creciente ansiedad por los ingresos de jubilación a medida que envejece la población española».
España ha recibido hasta la fecha 37.000 millones euros de los 164.000 millones asignados a los fondos de recuperación de la UE (el 12,4% del PIB de 2022, incluidos 77.200 millones de euros de subvenciones y 84.000 millones de préstamos), lo que indica que queda mucho trabajo por delante para aplicar la estrategia de inversión, para la cual un consenso político amplio será probablemente un componente crucial. Prevén que la Comisión Europea adopte normas fiscales revisadas a finales de año que serán menos estrictas en cuanto al calendario y la senda para alcanzar los objetivos fiscales. Esto refleja el reto común de varios Estados miembros de la UE, entre ellos España, Francia y Bélgica, de reducir los déficits por debajo del 3% del PIB.
«Aun así, para ajustarse a las reactivadas normas fiscales de la UE el año próximo, es crucial una política fiscal prudente. En 2022, el déficit fiscal de España se redujo al 4,8% del PIB desde el 6,8% de 2021. El aumento del gasto social y sanitario pondrá a prueba la consolidación fiscal. Proyectamos un déficit del 4,4% del PIB en 2023 y del 3,2% en 2024, reduciéndose más lentamente que las estimaciones del gobierno (3,8% y 3,0%), suponiendo que no haya esfuerzos adicionales de consolidación».
Scope afirma que el ratio deuda/PIB de España disminuirá gradualmente hasta alcanzar el 108% a finales de 2024, desde el 113% de 2022, en línea con las previsiones para Francia (112%), Bélgica (108%) y Portugal (103%), pero por debajo de Italia (141%), siempre que el crecimiento del PIB no decepcione.
