Según consta en el portal de contratación, se trata de una licitación tramitada a través de un procedimiento negociado sin publicidad, en la que Correos ha sido el único postor y cuyo acuerdo se firmó el pasado 11 de octubre.
Para las cartas certificadas locales de hasta 20 gramos (las que menos pesan), el precio será de 2,14 euros por unidad, impuestos excluidos, mientras que las de entre 1.000 y 2.000 gramos (las que más pesan), será de 4,63 euros. En el caso de las interurbanas, para esas mismas tipologías de cartas los precios serán de 2,55 y 5,45 euros, respectivamente, y para las internacionales en zona 1 (Europa, incluido Groenlandia) de 5,68 y 22,88 euros, respectivamente. La licitación fue autorizada por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio y se centra en la prestación de los servicios postales de notificaciones administrativas y judiciales en papel para los Ministerios, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y organismos del sector público estatal. Dentro de los servicios postales, los servicios de notificaciones administrativas y judiciales incluyen aquellos envíos que se utilizan para comunicar actos o resoluciones administrativas y judiciales y en los que las Administraciones tienen establecido normativamente un procedimiento tasado, con requisitos específicos para los intentos de entrega, que deben gozar de garantía de veracidad y fehaciencia.
El ámbito subjetivo del contrato incluye aquellas entidades del sector público estatal que requieren estos servicios para su gestión ordinaria (Ministerios, organismos, agencias, servicios comunes y entidades gestoras de la Seguridad Social). Este contrato centralizado de notificaciones da continuidad al suscrito en 2020, y que se encuentra actualmente en vigor hasta el próximo 30 de noviembre de 2023 por un importe similar y también prestado por Correos.
