El préstamo aprobado hoy por el Consejo de Ministros dota de casi 10.004 millones de euros a la Tesorería de la Seguridad Social para hacer frente al pago de la paga extraordinaria que los pensionistas reciben en noviembre, entre otros fines. “Se trata de un préstamos sin devengo de intereses”, precisó el Ministerio de la Seguridad Social, previsto en la última ley de Presupuestos Generales del Estado aprobada por las Cortes.
El plazo máximo de devolución de la deuda es de 10 años, según precisó Bandrés Moliné, de Funcas, con ocasión de la aprobación de los Presupuestos, quien añadió que, a finales de 2022, la deuda de la Seguridad Social con el Estado superaba ya a finales de 2022 los 106.000 millones de euros. “Lo más probable es que termine convirtiéndose en una especie de deuda perpetua a interés cero”, matizó entonces el economista Bandrés.
Los principales factores que han disparado el gasto de la Seguridad Social han sido la subida pareja al IPC, del 8,5% aprobada para el pasado enero; así como otros dos factores menores, como son el incremento en el número de pensionistas, y la mejora de la pensión media, fruto de mejores carreras de cotización de los nuevos pensionistas. De hecho el déficit nominal reconocido por el Gobierno, que asciende a unos 7.200 millones de euros este 2023, apenas supone una tercera parte de un déficit del sistema contributivo, próximo a los 25.500 millones de euros, según este economista, una vez que se suman los 15.500 millones de euros que el Estado preveía inyectar este año solo para financiar prestaciones contributivas, y se restan los casi 2.800 millones recaudados por el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que se ingresan en la llamada ‘hucha de las pensiones’ a fin de ayudar a pagar las pensiones de los ‘baby boomers’.
La introducción del MEI ha sido una de las novedades este año en un sistema de pensiones recién reformado, donde también destaca el nuevo sistema de cotización de los autónomos, en función de sus ingresos reales, que se irá desplegando los próximos años, y la recuperada actualización en función del IPC, también en la pasada legislatura. La previsión de gasto de la Seguridad Social en este 2023 roza los 200.000 millones de euros, un 7,3% más que la previsión del año anterior. De ellos, casi el 84% se dedica a pensiones contributivas (jubilación, viudedad, incapacidad y otras); es decir, casi 167.000 millones de euros.
Este año, los ingresos por cotizaciones están creciendo a un ritmo cercano al 10%, por encima del 8,4% previsto a la hora de elaborar las cuentas de 2023; si bien una parte se debe a esa cotización MEI del 0,6%, introducida para compensar los gastos del retiro del ‘baby boom’. Desde hace años, el Estado ha ido incrementando las transferencias a la Seguridad Social para pagar los denominados gastos ‘impropios’ del sistema, como son las prestaciones no contributivas, el ingreso mínimo vital, las reducciones de cuotas a colectivos específicos y los gastos de gestión del sistema.
Este año, se prevé que las transferencias del Estado se acerquen a los 39.000 millones de euros; es decir, una quinta parte del total de ingresos no financieros.
Otros gastos que se financian con estas transferencias son algunas partidas dedicadas a la atención a la dependencia y la asistencia sanitaria que prestan las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, entre otros organismos. Por el lado de los ingresos, además del citado MEI, otras medidas que han contribuido a incrementar la recaudación este año ha sido la elevación en un 8,6% de la cuantía de la base máxima de cotización, hasta rozar los 4.500 euros mensuales; umbral a partir del cual los salarios dejan de cotizar, y por tanto de generar derechos de pensión; es decir, un salario de 5.000 euros mensuales cotiza únicamente por los citados 4.500 euros — en números redondos —, y deja libre de cotización los restantes 500 euros.
