Para su presidente, Pich, “la entrada en el accionariado de Telefónica por parte del grupo saudí STC ha puesto de manifiesto las flaquezas de la actual legislación en esta materia, al verse obligada la Administración Central a atenerse a una cláusula de alcance discrecional, lo que puede provocar la desincentivación de las inversiones extranjeras. Sería recomendable, por tanto, una legislación certera que no permita la arbitrariedad en las decisiones y que, a su vez, prime la protección de nuestros sectores estratégicos, especialmente de aquellos relacionados con la defensa nacional, factor de creciente importancia en los tiempos actuales”.
En cuanto al plan del Gobierno de adentrarse en el Consejo de Administración de Telefónica mediante la compra de un 5% de sus acciones, el presidente de los economistas avisa que “no se debe menospreciar el coste de la operación, estimado en algo más de 1.000 millones”. Según Pich, la SEPI, utilizando todos los recursos que tiene autorizados en los Presupuestos Generales, no alcanzaría dicha cifra, por lo que sería necesaria una transferencia del Estado, “empeorando aún más las cuentas públicas”. Para Pich, otra posibilidad sería convencer a inversores españoles de entrar o aumentar su posición en la compañía, “lo cual parece algo complicado”. Telefónica tiene una deuda de 26.537 millones y “la política industrial de refuerzo al tejido productivo tiene que reducir el endeudamiento de las empresas”. “Se debe generar estabilidad económica y mejorar la competitividad del país para reforzar la capitalización de nuestras empresas”, insiste Pich.
Baliña afirma que “necesitamos apostar por la producción de aquellos bienes y servicios en los que ya tenemos una ventaja competitiva consolidada [es el caso del sector agroalimentario o el farmacéutico], o en los que es necesario disponer de unas capacidades de producción mínima dada su relevancia para la economía del futuro [podemos hablar de las energías renovables, de los semiconductores o de los productos biomédicos]. Y debemos de hacerlo, además, buscando la circularidad y la eficiencia en el uso de los recursos como una de las vías clave para aumentar la resiliencia y la productividad de nuestro sector empresarial”. Pero, según Baliña, “este refuerzo de nuestras capacidades industriales debe venir acompañado de una revitalización de nuestras relaciones con el exterior. Solo afianzando la posición de la UE con sus mayores socios comerciales y buscando fuentes alternativas de suministro lograremos reducir algunas de las dependencias estratégicas que nos traerán la transición ecológica y digital”.
Galdón, por su parte, destaca “la importancia de reflexionar sobre el control de las inversiones extranjeras en las empresas estratégicas, por la extraordinaria incidencia que pueden tener en nuestra autonomía estratégica y funcional, y, por tanto, en el modelo de desarrollo social y económico que queremos».
Para Alberich, “estamos hablando de una nueva política industrial activa en un entorno abierto y globalizado que, lejos de viejas medidas proteccionistas, favorezca el desarrollo de la industria nacional en general y, en concreto, garantice el suministro de bienes esenciales y el control de determinados sectores de importancia estratégica. En este contexto, la legislación es un elemento clave, pero no el único instrumento al servicio del fin antes señalado, como bien se deduce del caso Celsa. El previsible endurecimiento responde a dinámicas globales a favor de un mayor proteccionismo y debe resultar coherente con las posibles nuevas iniciativas que puede emprender la Comisión Europea”.
Para de la Cruz, “nos encontramos con un modelo de regulación anacrónico, que solamente persigue fines defensivos de protección de las empresas estratégicas». «No podemos limitarnos a defender nuestras industrias estratégicas, es imprescindible que fortalezcamos nuestras capacidades industriales para poder producir los bienes y servicios esenciales en el marco de una autonomía estratégica abierta». «Nos hace falta una visión estratégica que aporte coherencia y visión de conjunto: nos hace falta definir en qué industrias tenemos ventajas comparativas claras, una definición de las fortalezas y de las oportunidades, e identificar con precisión las amenazas y debilidades para poder diseñar mecanismos de gestión de riesgos”, añade.
Jordi Alberich y Juan de la Cruz coinciden en que “el catálogo de sectores sujetos a autorización para su entrada en España resulta suficiente, otorgando a las autoridades públicas el suficiente grado de discrecionalidad, necesario en un entorno en cambio acelerado y constante”. Pero el segundo cree que «la nueva Ley de Industria debería tener en cuenta que el atentado a la seguridad pública, al orden público o a la salud pública no solo puede venir por la entrada de operadores que presenten conflictos de intereses, sino que también puede producirse por determinadas operaciones que perjudicaran gravemente a los derechos de los usuarios, por ejemplo, mediante el corte de determinados suministros o el desabastecimiento de determinados productos».
Para Alberich, “los criterios de reciprocidad resultan cada vez más convenientes, en la medida en que se da una creciente convergencia en el nivel de desarrollo de los países inversores. El caso más paradigmático es el de China que, desde su incorporación a la economía abierta, gozó de una especial consideración y tolerancia dado que se trataba de una economía muy desaventajada respecto a las del bloque occidental. Pero, transcurridas más de dos décadas desde su ingreso en la Organización Mundial del Comercio, carece de sentido seguir tolerando dinámicas desequilibradas en favor de un país como China, que aspira al liderazgo global”.
Según de la Cruz, “si una inversión puede crear empleo, aportar innovación tecnológica y crecimiento económico bienvenida sea. Cuestión distinta será el escrutinio al que deban ser sometidos tanto el inversor como la inversión, en función del sector en que se realice y de los intereses a los que afecte”. Este experto destaca dos factores «que me parecen claves para la atracción de inversiones extranjeras y que podrían ofrecer claras oportunidades, el primero es la seguridad jurídica: no todos los países están en condiciones de ofrecer a los inversores un marco de reglas claras de inversión, contratación, repatriación de capitales, resolución de controversias y exigencia de responsabilidades. La apuesta decidida de la Unión Europea y de sus países miembros por el imperio del Derecho podría ser un factor decisivo para atraer determinadas inversiones frente a los riesgos de China o incluso de Estados Unidos”. Para De la Cruz, “el segundo factor determinante para la atracción de inversiones sería trabajar en las condiciones de estabilidad del euro».
