Los dos segmentos principales de empresas en los que se apoya la economía española tienen un comportamiento muy similar. Empeora seis puntos porcentuales el comportamiento de las pymes y cuatro el de las grandes empresas. El resultado es que tienen que aceptar plazos de pago superiores a los deseados el 46% del tejido productivo por parte de la gran empresa y el 45% por parte de las pymes.
La capacidad de los autónomos para imponer plazos de pago solo afecta al 14% de las empresas. En cuanto al sector público, solo el 11% de las empresas que tiene relaciones comerciales con la Administración se ve obligado a aceptar una extensión de los plazos. Al abordar las razones que explican la morosidad empresarial, la oleada de otoño, refleja una gran incidencia de la falta de disponibilidad de fondos por parte de los clientes. Los problemas financieros constituyen la razón más citada (60% de las empresas), por delante del retraso intencionado de los clientes (55%), la complejidad del procedimiento de pagos (16%), las disputas sobre la calidad de los bienes y servicios suministrados (8%) o la emisión de facturas incorrectas (8%). Solo el 50% de las empresas trabaja con plazos de cobro inferiores a los 60 días fijados por la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad. El dato representa, sin embargo, una mejora de siete puntos porcentuales respecto a los valores de hace un año, devolviendo el comportamiento en plazos a los niveles pre Covid-19, cuando un 49% de las empresas trabajaba por debajo de los 60 días.
