El suceso natural que más daños causó fue la helada del 1 de abril, que duró 6 días y supuso un coste asegurado de 221,2 millones. La helada, que se extendió por las provincias de Lleida, Huesca, Albacete Zaragoza, Valencia, Murcia y Alicante, tuvo un coste por día de 36,9 millones.
El segundo desastre por coste en el ranking fue la sequía, con un coste de 92,2 millones y que afectó durante todo el año a Burgos, Soria, Lleda, Sevilla, Valladolid, Zamora, Palencia y Cuenca. El pedrisco estival ocupa el tercer lugar en la lista de sucesos catastróficos más costosos. Esta anomalía meteorológica se produjo durante 90 días y el coste asegurado fue de 61,7 millones. Su impacto se extendió fundamentalmente por Valencia, Huesca, Albacete y Zaragoza.
Las empresas dejaron de facturar 2.660 millones en 2022 debido a los sucesos catastróficos, un impacto inferior a los 3.213 millones en 2021. El impacto de los sucesos catastróficos sobre el tejido productivo y el empleo provocó una contracción del PIB de 1.225 millones. Las empresas no aseguradas perdieron 788 millones.
Este impacto directo repercutió en el resto de los sectores, al suministrar menos productos a las empresas afectadas, lo que supuso un impacto indirecto de 1.356 millones. La contracción por el impacto directo e indirecto indujo en la economía una nueva pérdida de 516 millones de forma agregada. Entre los tres impactos suman 2.660 millones.
La caída en la facturación empresarial tuvo claras consecuencias para la economía. El retroceso de la economía -1.225 millones-, se repartió entre los 420 millones de impacto directo, los 542 millones de indirecto y los 263 millones de inducido, lo que representa casi un 0,1% del PIB español en 2022. Un impacto similar a 2021, cuando las catástrofes naturales tuvieron un coste en el PIB de 1.126 millones.
Los sectores más afectados fueron el de agricultura y pesca, que perdió 508 millones, un 2% del peso de este sector en el PIB nacional. Le siguen a mucha distancia el sector del comercio, la industria agroalimentaria, y el sector inmobiliario. El resto de los sectores se repartieron el resto de la pérdida, que ascendió a 383 millones.
Se perdieron 25.200 puestos de trabajo en España en 2022 a consecuencia de las catástrofes naturales (23.200 en 2021), de los que 10.400 se debieron a causas directas, 10.600 al impacto indirecto y 4.200 al inducido. El sector más afectado fue de nuevo el de agricultura y pesca, con más de 12.569 puestos de trabajo perdidos, seguido por el sector comercial con 4.613 puestos. El resto de los sectores agruparon un aumento del desempleo de casi 7.000 personas. En definitiva, si bien el impacto en bienes ha sido menor que en 2021, 2022 ha registrados
impactos mayores en las rentas de los españoles, en facturación, PIB y empleo.
El coste de las indemnizaciones por los daños causados sobre los bienes por los desastres naturales ascendió a 280 millones. El 90% de estas indemnizaciones estuvo provocado por inundaciones (94%), seguidas de lejos por las consecuencias de tempestades ciclónicas atípicas (45%) y los embates de mar (2%). La distribución del coste según el tipo de bienes está mucho más repartida que la del tipo de catástrofe. Las viviendas (42%) y los comercios, almacenes y oficinas (30%), alcanzan tres cuartas partes del total de los daños materiales. Las indemnizaciones por daños a vehículos representan el 16% y a industrias el 10%. El resto, lo completan oficinas y obras civiles.
El reparto del coste a nivel provincial indica que el coste por kilómetro cuadrado se acumula en las zonas costeras del mediterráneo (Valencia, Tarragona, Islas Baleares), destacando al mismo tiempo Pontevedra al otro lado de la península. El Barómetro asegura que la dispersión en el coste es significativa: la media de Valencia, Tarragona, Pontevedra e Islas Baleares es de casi 5.000€ por km2, mientras que la media del resto de provincias es de 350 por km2.
Si el coste se mide en euros por habitante, el arco mediterráneo acumula grandes costes, pero también aparecen nuevas áreas damnificadas, como Extremadura. Las cuatro provincias con mayor coste per cápita indemnizaron una media de 31€ por habitante, mientras que en el resto el promedio fue de 3,7 euros.
Los mayores impactos sobre las rentas se concentraron en el sector agrícola y ganadero (99,7%). Las causas fueron, en su mayoría, las heladas (39%), seguidas por las tormentas, la lluvia y el pedrisco (28%), y la sequía (16%). El 17% lo representan una amalgama de desastres como mal cuajado o plagas.
Las fuertes lluvias torrenciales dañaron gravemente a las empresas agrícolas. Otros sectores también sufrieron estos desastres, pero no se trasladaron a su capacidad productiva tan directamente, puesto que ésta no dependía tanto del clima. En el sector agroalimentario, la parada productiva es casi total cuando existen este tipo de desastres, afectando inmediatamente al empleo y al valor añadido que generan. La distribución de este coste por provincias está bastante repartida entre las Comunidades Autónomas, excluyendo las que están al norte de la cordillera Cantábrica. Sobresale Cataluña, con 280 millones en costes, seguida de Aragón con 243 y Murcia con 219 millones.
Si se tiene en cuenta el coste per cápita, siguen destacando Aragón con 184 euros por habitantes gastados, y Murcia con 144. Las Comunidades Autónomas más pobladas como Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía, bajan posiciones.
El coste total de las catástrofes producidas en España en 2022 se elevó a 2.891 millones, 709 millones menos que el coste registrado en 2021 El coste asegurado de las catástrofes supuso una factura de 1.496 millones de euros, frente a los 2.300 millones de 2022. El coste imputado a las actuaciones de las primeras respuestas (Protección Civil, Unidad Militar de Emergencias y Cruz Roja Española) supuso 166 millones y el impacto sobre el PIB se elevó a 1.225 millones, desglosados de la siguiente forma: 420 millones fueron de impacto directo en empresas que carecían de seguro, 542 millones de impacto indirecto en empresas de la cadena de valor de las afectadas y 263 millones de impacto inducido por la pérdida de rentas empresariales y salariales.
“Los datos de esta edición de Barómetro, facilitados por el Consorcio de Compensación de Seguros, Agroseguro y las aseguradoras privadas que forman parte de Unespa, muestran que 2022 no se ha caracterizado por eventos de alto impacto como los ocurridos el año anterior -caso de la tormenta Filomena o la erupción volcánica de La Palma-, pero sí ha mostrado el potencial dañino de otros peligros de la naturaleza más comunes, como la sequía y las heladas. Ambos fenómenos provocaron el 48% del coste asegurado en 2022”, afirma Tomey, presidente del Observatorio de Catástrofes. Las inclemencias meteorológicas de 2022, por ejemplo, han mostrado el tercer peor registro recogido en la serie mostrada por este Barómetro, reflejando que los costes asegurados han sido en el ejercicio un 12% superiores al promedio de la serie 2016–2022.
Las catástrofes naturales acontecidas en España durante el pasado año supusieron un coste de 1.496 millones para el tejido asegurador nacional. Más de la mitad de los costes asegurados fueron cubiertos por Agroseguro, lo que pone de manifiesto la especial vulnerabilidad del sector agrícola ante las catástrofes naturales.
Las heladas (39%), el pedrisco (21%) y la sequía (16%) fueron los eventos que más daños provocaron a la agricultura española durante el año 2022, especialmente en los cultivos localizados en Cataluña, Aragón y Murcia. Las inundaciones, por su parte, provocaron el 94% de los daños asegurados durante el año 2022. Se vieron afectados mayoritariamente las viviendas (42%) y los comercios (30%), ubicados en las provincias de Valencia, Tarragona y Badajoz.
En el año 2022 se superaron en España las 316.000 hectáreas quemadas, algo que solo ha ocurrido en cuatro ocasiones en los últimos 55 años (1978, 1985, 1989 y 1994). Según el Barómetro, “de prolongarse esta dinámica, estaríamos ante un cambio de tendencia respecto a la significativa reducción de la media decenal de superficie calcinada observada durante las últimas décadas.”
“La exposición de España a los incendios no solo se ha agravado por la expansión de la superficie forestal, sino que la proliferación de edificaciones en el espacio periurbano incrementa el material inflamable, particularmente en las zonas limítrofes entre los ámbitos urbano y forestal”, señala el informe. Por otro lado, el riesgo de incendios se ha incrementado a su vez como consecuencia del sostenido aumento de las temperaturas y una creciente irregularidad en las precipitaciones, con una duración más larga de los periodos secos.
El análisis del impacto económico de los incendios es un ejercicio complicado debido a la divergencia entre la naturaleza de este tipo de desastres y la disponibilidad de datos económicos. El análisis de lo ocurrido durante los dos incendios más grandes acontecidos en España durante el último lustro (el de Zamora en verano de 2022 y el de la isla de Gran Canaria en agosto de 2019) no arroja un efecto significativo sobre el mercado laboral de ambos territorios.
En términos de coste humano, los 45 fallecidos por catástrofes naturales en 2022 suponen una cifra inferior a la media registrada desde el comienzo del siglo XXI (49 muertos), siendo la primera causa de muerte las olas de calor.
Más de un tercio de los daños asegurados en 2022 (618 millones€) se produjeron durante abril. En este mes, se produjeron heladas fuertes y tardías, muy perjudiciales para los cultivos del tercio este peninsular (Lleida y Huesca, mayoritariamente).
Aragón fue la Comunidad Autónoma que acumuló más daños en relación a su población, con 77€ por habitante, seguida por Murcia y Extremadura, con 66 y 40 euros por habitante, respectivamente. La cornisa cantábrica y Andalucía registran costes por persona muy reducidos.
En el caso de Andalucía, la alta población esconde su fuerte exposición a eventos climáticos dañinos, como la sequía. Esta característica también está presente en Cataluña, la Comunidad Autónoma que más coste asegurado ha aglutinado, un 19% del total, pero en coste per cápita es la séptima.
Las tres Comunidades Autónomas del Mediterráneo oriental (Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña) concentran un coste asegurado por km 2 mucho más elevado que el resto. En Murcia, por ejemplo, una región de pequeña extensión con alta densidad poblacional y elevada participación agrícola, se abonaron casi 9.000 euros por km 2 .