Los dos dirigentes han precisado que el Gobierno de España aportará un total de 350 millones de euros, los cuales se suman a los 356 comprometidos en actuaciones medioambientales llevadas a cabo hace un año. Mientras, la Junta de Andalucía aportará un total de 700 millones.
En el acuerdo se incluye que los agricultores de la Corona Norte de Doñana recibirá una ayuda de hasta 100.000 euros por cada hectárea. La cantidad se cobrará en cinco años, un total de 20.000 euros anuales a cambio de dejar de cultivar sus tierras y «renaturalizar o reforestar» los suelos.
De esta ayuda de 100.000 euros, Moreno ha precisado que la mayor parte los aportará el Gobierno central -70.000 euros- y el resto, la Junta -20.000 euros-. Los últimos 10.000 euros serán aportados por parte de la Diputación de Huelva. El acuerdo propiciará la retirada del proyecto de ley de regadíos de la Junta.
Los agricultores que no quieran dejar de cultivar podrán optar también por la reconversión de sus explotaciones en cultivos de secano o en producción ecológica. Sin embargo, en este caso, ha señalado Moreno, las ayudas serán «bastante menores».
La normativa proponía legalizar unas 750 hectáreas de regadío en la Corona Norte de Doñana, a unos 30 kilómetros del Parque, en los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, municipios afectados por el plan de reordenación de la fresa de 2014, que eliminaba 1.653 hectáreas bajo plástico.
El Ministerio de Transición Ecológica propuso también una serie de expropiaciones de las fincas colindantes para reducir los derechos de riego, algo en lo que han podido estar los principales escollos, mientras que por parte del Gobierno andaluz han dejado claro siempre durante estos casi dos meses de negociaciones que se iba a tener presente la opinión de los agricultores afectados y que el plan contentara a la mayoría.