Así, la prestación pasará de los 12.682 euros anuales en 14 pagas (906 euros al mes) actuales a 14.457 euros (1.033 euros mensuales) el próximo ejercicio. Estas pensiones —que cuentan con las cuantías más bajas de todo el catálogo asistencial— no serán las únicas que se modifiquen al alza el año que viene. Las mínimas también crecerán entre un 5% y un 7%, mientras que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se revalorizará en un 6,9%.
Las pensiones de viudedad con cargas familiares las perciben aquellas personas que conviven con hijos o acogidos menores de 26 años o discapacitados. En estos casos, llegarían a percibir el 70% de la base reguladora del fallecido (el máximo, puesto que el mínimo es el 52%) si, además, la pensión de viudedad supone la única fuente de ingresos familiar, o si los ingresos anuales del beneficiario no superan el mínimo.
Estas subidas tienen relación con lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023, del 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. En él se determina que la pensión mínima contributiva de jubilación “cuyo titular sea mayor de 65 años y tenga cónyuge a cargo” se incrementará progresivamente desde 2024, a fin de que en 2027 “no pueda ser inferior al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos”.
Además, el decreto prevé “la equiparación desde el año 2024 de las pensiones mínimas de viudedad con cargas familiares, pensiones con cónyuge a cargo, salvo incapacidad permanente total cuyos titulares sean menores de 60 años, a la cuantía de la referida pensión de jubilación”. Y que el resto de pensiones se incremente anualmente “al igual que las anteriores, pero en un 50%”. De esta forma, mientras que la pensión de viudedad crecerá en un 14%, lo más probable es que las mínimas lo hagan la mitad, un 7%. En referencia a las pensiones no contributivas, el marco legal contempla que se incrementarán adicionalmente cada año, en el mismo período y por el mismo procedimiento, pero “con la referencia de multiplicar por 0,75 el umbral de la pobreza de un hogar unipersonal”.
Estos aumentos se producirán en sintonía con el de las pensiones contributivas, que se acrecentarán un 3,8% a partir del próximo 1 de enero, según confirmó el Ministerio de Seguridad Social una vez que se conoció la inflación interanual de noviembre (3,2%), y se estableció la media junto con los 11 meses anteriores, tal y como se aprobó en la primera parte de la reforma de las pensiones en 2021.
En su primera entrevista en el cargo Saiz ha asegurado que estos incrementos servirán para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas “de hoy y del futuro”, y que la reforma de las pensiones que sacó adelante su predecesor —y por la que comparecerá en los próximos días ante la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo— se ha hecho “buscando la sostenibilidad [del sistema] con instrumentos que alimentan, no solamente la parte del gasto, sino la parte del ingreso”.
Del mismo modo, ha señalado que durante su mandato en el Ministerio tratará de hacer “mucha pedagogía” y ha calificado las críticas que ha recibido este departamento en los últimos años como “partidistas”. “Frente a esos fantasmas y esas voces agoreras, lo que presenta el Gobierno son realidades, son datos”, ha replicado.
Acerca de la transferencia en dos años del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco, comprometido con el PNV —que venía reclamándolo desde su aprobación en el Estatuto de Gernika de 1979—, y uno de los asuntos que mayores reproches recibió por parte de los partidos de la oposición, Saiz ha indicado que no existe “ningún riesgo” de que se ponga en riesgo la caja única de la Seguridad Social. Y ha abogado porque se intensifique el diálogo con las diferentes administraciones para que haya “una vertebración del sistema” que termine mejorando el servicio al ciudadano.
