La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, pone en duda algunos de los aspectos de la reforma del subsidio de desempleo que el Gobierno aprobó a finales del mes pasado, tras una de las últimas reuniones del Consejo de Ministros de 2023. Así, el ‘think tank’ apuesta por fijar una prestación contributiva más elevada pero limitada a 12 meses, a los que le seguirían otros 18 meses más de subsidio y, después, el cobro del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
En un artículo publicado este martes, el investigador Miguel Ángel García considera que un diseño de las prestaciones por desempleo y las ayudas asistenciales de este tipo sería «más coherente». En la fundación ponen en valor el hecho de que los cambios aprobados por el Ejecutivo incentivan la búsqueda y la aceptación de empleo por los desempleados que lo perciben. Entre ellos, señalan el hecho de que la ayuda sea compatible con la incorporación a un puesto de trabajo durante los primeros 180 días.
El Gobierno dio luz verde el pasado 19 de diciembre a varios cambios en este subsidio, que desatascó la solicitud del cuarto pago de los fondos europeos Next Generation tras el acuerdo alcanzado por los ministerios de Trabajo y Economía. En concreto, elevó su cuantía a 570 euros los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes desde los 480 euros vigentes.
Al mismo tiempo lo hizo compatible con un empleo durante 180 días, con independencia del tipo de contrato -hasta ahora se limitaba a los contratos parciales-. Sin embargo y como avanzó La Información, cuando esto último suceda se reducirá de forma considerable su cuantía, ya que en lugar del subsidio se pasará a cobrar el «complemento de apoyo al empleo».
Desde Fedea entienden que los cambios aprobados refuerzan la protección, dado que se amplían las ayudas a menores de 45 años y a los trabajadores agrarios, sin que se tengan en consideración las prestaciones ya existentes dirigidas a las personas en situación de desempleo de larga duración. Estas dependen de diferentes organismos y administraciones públicas.
De acuerdo con los cálculos que aporta el informe, por cada 100.000 nuevos beneficiarios que accedan al subsidio de paro el gasto para el sistema se incrementará en 612 millones de euros. Es uno de los motivos que les lleva a incidir en que la reforma debería tratar de fomentar «un sistema más coherente».
Por este motivo, dan varias opciones. Entre ellas estaría el hecho de que todas las prestaciones económicas puedan compatibilizarse con el trabajo, articulándose como un porcentaje adicional al salario que debería reducirse de forma progresiva con el paso del tiempo. A la vez, consideran que habría que poner el esfuerzo en mejorar las políticas activas y los servicios públicos de empleo. Para esto último, no serían necesarios cambios normativos, «sino nuevos planteamientos y una mejor organización de los servicios públicos de empleo», señalan.
