Según la sentencia, que tiene fecha de 4 de enero y a la que ha tenido acceso La Información, quedan sin efecto los embargos y demás medidas cautelares acordadas en la causa. No obstante, la decisión judicial aún puede ser recurrida ante la Audiencia Nacional. «Ha quedado plenamente probado en juicio que Iberdrola puso en el mercado, en las fechas analizadas, toda la energía hidroeléctrica de que disponía», apunta la sentencia entre otros argumentos para justificar la decisión. Además de la filial del grupo eléctrico, para la que la Fiscalía solicitaba una multa de 5,4 millones de euros, figuraban como acusados cuatro de sus entonces directivos: el director de gestión de la energía, Ángel Chiarri; el responsable de optimización, gestión de recursos y trading, Gregorio Relaño; el responsable de gestión de activos, José Luis Rapún; y el responsable de mercados a corto plazo y generación global, Javier Paradinas. Por su parte, en la acusación particular figuran Geoatlander, la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción (Facua) y Axpro Iberia. Las acusaciones pedían penas de prisión de hasta tres años y 193 millones de euros entre multas y responsabilidades civiles en un proceso judicial en el que las defensas han reiterado que no se ha demostrado la relación entre su conducta y las alzas de precios.
Informe final de Anticorrupción
Sin embargo, en su informe final Anticorrupción aseguró que la empresa provocó «de manera injustificada» un encarecimiento de la energía en las últimas semanas de 2013, una «manipulación» que se mantuvo en el tiempo y que «no se justifica con la escasez de lluvias» de aquel invierno. «No hay una causa legitima ni justificada para la bajada de producción» de 2013, según el ministerio público, que sugirió que «una posible causa pudo ser el enfrentamiento con el Gobierno, ante la retirada de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de una partida para compensar el déficit de tarifa».
En el periodo en el que se le acusa a la compañía y sus altos cargos, las empresas de generación hidroeléctrica eran libres de establecer cualquier precio «con la única limitación de no poder alcanzar los 180 euros el megavatio hora (MWh), limitación que desaparece tiempo más tarde por exigencias de la Comunidad Europea». «Resulta francamente harto complicado apreciar la existencia de un delito por la realización de algo que no estaba prohibido y por tanto se encontraba legalmente permitido», resume la sentencia de un juicio que quedó visto para sentencia el pasado noviembre, tras 21 sesiones.
Entre los testigos del proceso destacan el exministro de Industria y Energía José Manuel Soria, quien dijo ante el juez de la Audiencia Nacional que su departamento detectó «algo raro» en el precio de la luz a finales del año 2013 y que «los precios iban creciendo a un ritmo inusualmente alto», por lo que desde su departamento se solicitó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «un análisis de lo que estaba sucediendo».
El testimonio de Soria se centró en unas declaraciones que hizo en enero de 2014 en la comisión de energía del Congreso de los Diputados, en las que relacionó la subida del componente energético de la subasta eléctrica de diciembre, que acabó anulada, con la retirada de las aportaciones presupuestarias previstas al sistema eléctrico. Ese día, Soria aseguró que el precio del mercado mayorista subió un 15,8% desde que el PP presentó la enmienda que retiraba 3.600 millones de aportaciones presupuestarias al sistema -y que implicaba reconocer un déficit tarifario en 2013 por ese mismo importe-, el 29 de noviembre, y el día de la subasta, el 19 de diciembre.
Competencia anuló la subasta Cesur
El incremento de precios registrado en el mercado mayorista en el mes de diciembre repercutió en la subasta Cesur para el suministro a tarifa, que cerró con un incremento del componente energético del 25,6% que hubiera supuesto una subida de la luz de más del 10%. En aquel contexto, la CNMC decidió no validar la subasta, lo que llevó al Gobierno a suspender su aplicación y fijar un repunte del 2,3% en la tarifa para el primer trimestre del año. El entonces ministro apuntó también que en los días posteriores a la subasta el precio mayorista se desplomó un 11,2%, aunque eludió establecer una relación directa «causa-efecto».
De su lado, Alberto Nadal, que por aquel entonces era secretario de Estado del Ministerio de Industria, declaró que «en la época de los hechos hubo diversos factores que elevaron los precios, sequía, escasa eolicidad, precio elevado del gas por problemas en la conducción de gas desde Argelia y la indisponibilidad de algunas centrales nucleares». La sentencia resalta que el juez otorga «plena credibilidad» a todos los testigos.
La Fiscalía defendió que Iberdrola Generación, «con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de oferta y demanda».
