Para el cálculo de esta cifra se tienen en cuenta el 30,48% de Cotizaciones Sociales a cargo del empleador, entra las que se incluyen las contingencias comunes, el paro, Fogasa, formación y el Mecnismo de Equidad Intergenerazional, que aumentará cada año hasta 2029. Además, se incluye el coste por accidentes y enfermedad, que varía desde el 0,9% hasta el 7,25%. «Es decir, que el coste salarial efectivo mensual es entre un 67% y un 75% más alto que la cifra del salario mínimo», apuntan desde Cepyme.
Respecto al Salario Mínimo de 2023, las empresas tendrán que asumir un extra de casi 1.000 euros más al año, según los datos proporcionados por la patronal que no participa en un aumento del SMI desde el año 2020.
Los empresarios habían mostrado su intención de negociar el SMI con una primera oferta del 3% con un 1% extra en función de la evolución de los precios, en línea con los incrementos acordados con los sindicatos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Pero finalmente se han quedado fuera ante el inmovilismo del Gobierno, que no cedía por menos del 4%. Desde CEOE-Cepyme lamentan este final de la negociación y el «escaso esfuerzo del Gobierno para que pudiéramos entrar en el acuerdo».
Desde un primer momento, la organización empresarial dejó claro que era necesario hacer compatible esta subida «con la supervivencia del tejido empresarial», por lo que afectan al empleo, a la totalidad de los salarios, con sus implicaciones en la contratación con las administraciones públicas y en el sector agrario. «En primer lugar, se trata de ámbitos concretos en los que la subida del SMI puede hacer incurrir en pérdidas o incluso en la quiebra a muchas empresas de determinados sectores y territorios, con especial afectación a pymes y autónomos, que, entre otras cosas, no pueden planificar de un año para otro cuál será el aumento de los costes derivado del salario mínimo», explican desde CEOE-Cepyme en un comunicado conjunto enviado tras la negociación.
La Administración ha aumentado significativamente el costo asociado al SMI para las empresas contratistas que colaboran con el sector público, aproximadamente en un 50% desde 2018, sin realizar ajustes en los precios de dichos contratos. Este aumento ha llevado a muchas de estas empresas a quedar atrapadas en contratos plurianuales de prestación de servicios, de los cuales no pueden retirarse hasta que se complete su vigencia, todo ello con márgenes de beneficio escasos o incluso trabajando a pérdidas.
Desde el inicio, la patronal solicitó que los precios de los contratos públicos suscritos con la Administración se ajusten de acuerdo con los costos, lo que comúnmente se conoce como indexación, con el objetivo de evitar esta situación o, como está ocurriendo actualmente, evitar que numerosos contratos públicos queden desiertos debido a la incertidumbre generada.
Finalmente la propuesta no ha sido considerada «por su supuesto coste para la ciudadanía», a pesar de que observamos aumentos en el gasto público derivados de acuerdos «meramente políticos».
«En segundo lugar, cuando la España vaciada y el espacio rural están en el centro del debate, también lamentamos que se haya desatendido nuestra petición de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para los agricultores, que no soportan ya este ritmo de incrementos del SMI. Por no olvidarnos de cómo están sufriendo los pequeños negocios de barrio, comercios, hostelería, emprendedores que dan empleo, etc», dicen en el comunicado.
Por otro lado, destacan que la negociación se ha fraguado «en términos de premio o castigo» a la participación de los empresarios en el acuerdo, «lejos de adoptarla en función de criterios técnicos», como pide la norma. De este modo, denuncian que el Ministerio ha actuado «una vez más» de forma arbitraria y «solo viene a incrementar la incertidumbre y la falta de confianza que ya percibimos en la economía, en los mercados y en los inversores».
