Capella, ha afirmado que la Generalitat espera gestionar al menos una de las líneas de Rodalies para finales de este año. Desde el Gobierno regional prevén que Rodalies Catalunya, la compañía mixta que se hará cargo del traspaso de competencias del servicio ferroviario, este operativa hacia mediados de este año para poder comenzar a prepararse para asumir esta primera línea, que posiblemente se trate de la R21.
«Este es el calendario en el que nosotros nos estamos manejando», ha señalado la política catalana, que ya acordó el pasado 10 de enero la formación de una comisión para tratar este traspaso junto a óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Aunque aún no se ha establecido un día concreto para la creación de la misma, se espera que se conforme durante la primera semana de febrero.
Capella ha apuntado que durante las conversaciones para gestionar el cambio se deberán «avalar lo que decidan las diferentes comisiones» sobre el traspaso integral de Rodalies pactado por ERC con el PSOE como parte de una cuerdo de investidura de Pedro Sánchez. La consellera ha subrayado que el pacto «es muy detallado» y deberá cumplirse durante esta legislatura.
Este mismo año debería transferirse una de las líneas contempladas en el acuerdo. En concreto, el texto contempla el traspaso «al menos» de la R1 (la que discurre por el Maresme), de la R2 sur (Sant Vicenç de Calders-Barcelona) y de la R3 (el Papiol-l’Hospitalet de Llobregat-Vic-Puicerdà). Capella ha señalado que «a priori» la línea que parece «más sencilla» de traspasar es la R1, si bien ha matizado que «una cosa es lo que puede pensar una y otra qué dirán los técnicos». También ha dejado la puerta abierta a acelerar los planes para 2024: «Si nos traspasan dos, pues dos».
Otro de los acuerdos es constituir una empresa mercantil bajo el nombre Rodalies Catalunya que asuma los recursos materiales y humanos de Renfe en Cataluña y cuyo consejo de administración estará compuesto a partes iguales por representantes de la Administración General del Estado y de la Generalitat. El presidente o presidenta lo deberá proponer la Generalitat, que tendrá un «voto de calidad» para decantar las votaciones, si bien las decisiones «estratégicas» requerirán de una mayoría cualificada del consejo. Capella ha indicado que «durante el primer semestre del año debería estar lista la empresa, ya presidida y con su composición establecida».
El citado pacto también contempla el abono de diversas partidas, cuantificadas en poco más de 500 millones de euros en el momento de cerrar el acuerdo y que una vez analizadas en detalle superan los 575 millones. Una de ellas es el déficit tarifario, en esencia, la parte del coste del servicio que no se sufraga mediante la venta de billetes, sino con aportaciones de las administraciones.
Fuentes del departamento cifran en 410,7 millones de euros el déficit tarifario de 2023. En el caso de 2022 se estimaba que fue de 335 millones, si bien finalmente se ha situado en los 401. Estos recursos deben traspasarse durante el primer trimestre de cada año, según reza el acuerdo. En realidad, el traspaso del déficit tarifario ya estaba incluido en el traspaso de Rodalies de 2010, pero nunca se acabó efectuando.
Otras partidas que deberán traspasarse a la Generalitat son la deuda generada por el Plan de Acción de Renfe (152 millones, frente a los 132,7 estimados en el texto), la duplicación de los servicios entre Lleida y Manrersa (4,8 millones) y el coste de incrementos de servicios provocados por los cortes de servicio (9,7 millones). La voluntad de Capella es que el Estado incluya estos recursos en los Presupuestos Generales el Estado (PGE) o que, si estos no se aprobaran, que el Gobierno encuentre fórmulas alternativas.
El Govern ha encargado pilotar el traspaso al exconseller de CiU Pere Macias, con años de experiencia política y gran conocedor del sector y al que ha nombrado recientemente comisionado para el Traspaso Integral de Rodalies. Para Capella, Macias tiene «una función prioritaria», ya que «debe jugar el rol de coordinar, religar y aportar conocimiento». Otro papel importante lo asumirá el hasta ahora secretario general del departamento de Economía de la Generalitat, Vilarrúbia, que se encargará más en concreto de la parte de infraestructura, asumida actualmente por la estatal Adif y que se traspasará paulatinamente a la empresa pública de la Generalitat Ifercat. En cuanto a los beneficios para los ciudadanos de este traspaso, Capella ha señalado en primer lugar la comunicación y el traslado de la información, principalmente cuando existen incidencias, dado que ha defendido el Govern ha demostrado, mediante su empresa Ferrocarriles de la Generalitat (FGC), que es capaz de hacerlo «muy bien».
Ha citado también elementos como la mejora de la iluminación, la limpieza de estaciones o trenes, el cuidado de las vías y sus alrededores, la previsibilidad en las obras de mejora o el hecho de que se dé prioridad a los trenes de pasajeros antes que a los de mercancías -lo que está recogido en el acuerdo-.
