Entre las inversiones extranjeras que podría cubrir la nueva ley se encuentra, por ejemplo, la irrupción del grupo saudí STC en el accionariado de Telefónica con la adquisición de un 9,9% del capital social de la compañía por 2.100 millones de euros.
La norma forma parte de un paquete más amplio de seguridad económica que plantea también el seguimiento y evaluación del riesgo de las inversiones en el exterior; controles más eficaces de exportaciones de productos de doble uso; un Libro Blanco sobre refuerzo del apoyo a la investigación y el desarrollo de tecnologías con potencial de doble uso, así como una propuesta de recomendación del Consejo sobre el refuerzo de la seguridad de la investigación.
La Comisión ha advertido de que algunas inversiones extranjeras pueden presentar riesgos para la seguridad y el orden público de la UE, por lo que después de examinar más de 1.200 operaciones de inversión extranjera directa notificadas por los Estados miembro en los últimos 3 años, pretende abordar con esta propuesta las deficiencias existentes.
«La UE no puede ser el patio de recreo de los grandes jugadores, tenemos que ser capaces de jugar nosotros mismos», ha destacado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, que ha defendido el principio de que el mercado comunitario sea «tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario». De este modo, las nuevas normas buscan garantizar que todos los Estados miembro dispongan de un mecanismo de selección, con normas nacionales mejor armonizadas; determinar un ámbito sectorial mínimo en el que todos los países de la UE deban examinar las inversiones extranjeras; y ampliar la vigilancia de inversores de la UE controlados, en última instancia, por particulares o empresas de terceros países.
«Proponemos encontrar formas de remediar estas vulnerabilidades: promoviendo, protegiendo y asociándonos», ha señalado, por su parte, el vicepresidente económico de la Comisión, Dombrovskis, quien ha explicado que el planteamiento es aumentar la capacidad de la UE para «evaluar riesgos y vulnerabilidades, y abordarlos de forma proporcionada y precisa. A través de esta propuesta legislativa, Bruselas busca centrarse en las transacciones de mayor riesgo y dedicar menos tiempo y recursos a aquellas que presentan un riesgo bajo, al tiempo que se incrementa también el control de las exportaciones de los productos de doble uso, es decir, los bienes, la tecnología y los conocimientos técnicos que pueden utilizarse tanto con fines civiles como militares.
Dombrovskis ha reconocido también la «creciente preocupación» de la UE en cuanto a las inversiones exteriores en un «reducido conjunto» de tecnologías avanzadas. «No queremos que se filtren a quienes podrían utilizarlas para mejorar sus capacidades militares y de inteligencia y socavar la paz y la seguridad internacionales», ha advertido el comisario, antes de precisar que, por el momento, «esto no está controlado ni supervisado a nivel de la UE ni de los Estados miembro».
Por ello, el primer paso de la Comisión será crear una base de datos que arrancará con una consulta pública con los Estados miembro y otras partes interesadas para definir sus parámetros mientras que sugiere centrar los esfuerzos en un conjunto reducido de tecnologías sensibles: IA, semiconductores avanzados, cuántica y biotecnología.
La duración propuesta del seguimiento será de 12 meses, al tiempo que se trabajará en una metodología u orientación común para los Veintisiete y, una vez esté listo, la Comisión pasará al seguimiento y la evaluación de riesgos a fin de determinar si es necesario emprender acciones.
