De acuerdo con el último ‘Barómetro económico’ elaborado por el Consejo General de Economistas (CGE), la presión fiscal y el incremento de los costes salariales son los dos factores que más están afectando a la competitividad de la economía española.
Tras revisar al alza el crecimiento del último ejercicio -el PIB avanzó un 2,5%, según el Instituto Nacional de Estadística- los organismos nacionales e internacionales contemplan que la economía española frene este año ante la debilidad que afecta a la Eurozona y en un entorno en el que el Banco Central Europeo mantendrá la cautela antes de bajar los tipos de interés. La encuesta realizada por el CGE a economistas colegiados de toda España eleva hasta el 73% el porcentaje de profesionales que percibe que la situación «ha empeorado algo» o «mucho» en relación al semestre previo y sitúa en el 15,6% el de quienes apenas perciben cambios y en el 11,2% el de quienes opina que esta ha mejorado.
Ante esta evolución más débil de la economía, un 63,7% de los economistas prevé que el paro se incremente de aquí a junio (la tasa de desempleo despidió el cuarto trimestre del año pasado en el 11,76%, según la Encuesta de Población Activa) y, en general, se muestran también pesimistas sobre la capacidad de ahorro de los hogares. Así, un 52,5% cree que las familias tendrán dificultades para ahorrar a lo largo de ese periodo y otro 37,7% considera que les será imposible hacerlo.
Para los economistas entrevistados, el factor que más afecta a la competitividad de la economía española con respecto a los países de nuestro entorno es la presión fiscal, seguido del incremento de los costes salariales y el precio de la energía. Según el presidente del CGE, Valentín Pich, desde 2019 hasta hoy, la suma de impuestos y cotizaciones sociales se ha incrementado más en España que en ningún otro país de la Unión Europea.
Así y aunque a nivel oficial se insiste en que la presión fiscal a nivel nacional sigue siendo algo menor que en la media de países de nuestro entorno, «dado nuestro nivel de desempleo, la abultada economía irregular y de que buena parte de la población obtiene rentas bajas que no tributan, el peso de esta presión fiscal recae en las clases medias», puntualiza. En lo que respecta a las cotizaciones sociales, Pich apuesta por explorar la posibilidad de reducir las contribuciones a la Seguridad Social para reducir el coste del trabajo, «fomentando así la creación de empleo y desincentivando la economía sumergida», ha zanjado.
