El titular de la cartera, Puente, dejó claro en su primera comparecencia en el Congreso que era hora de «volver a la racionalidad en la planificación». En concreto, aseguró que su intención pasa por «racionalizar las integraciones urbanas, orientándolas hacia actuaciones blandas y recurriendo a soterramientos solo en los casos necesarios».
Puente cifró en 28.000 millones de euros el coste global de todos los soterramientos planificados hasta hoy por las distintas administraciones públicas, una cuantía sin actualizar desde que se firmaron los protocolos. «Comprenderán que es imposible abordar todos y cada uno de ellos. Si somos honestos con la ciudadanía, tendremos que decirles que algunas expectativas no se podrán cumplir. 28.000 millones de euros supondría que, en materia ferroviaria, no se invirtiera ni un céntimo más que en integraciones durante los próximos 12 o 14 años, y eso es imposible», aseguró.
El responsable de Transportes tiene intención de aplicar los criterios expuestos en la futura Ley de Movilidad Sostenible, aunque esta todavía ni esté aprobada, que contemplan una evaluación ex ante de cualquier tipo de nueva infraestructura mediante un análisis preliminar de rentabilidad socioambiental y un estudio concreto de rentabilidad económica, social, ambiental y financiera.
Con su intervención, Puente lanzaba un dardo a muchos de sus antecesores al frente del Ministerio, quienes llevaron a cabo soterramientos multimillonarios sin el apoyo técnico o económico suficiente. Con la puesta en marcha de criterios más exigentes para diseñar infraestructuras y una menor participación del Estado en este tipo de actuaciones urbanas, espera poner coto a este tipo de ideas que llevan dos décadas rondando en el imaginario colectivo de varias ciudades.
