Asi la ministra de la Energia ha asegurado que la creación de la CNMC se debió a un criterio de oportunidad política en 2013, pero que ante la transformación del sector energético se debe recuperar un organismo específico que esté bien dotado y reforzado. En este contexto se ha abierto el proceso de audiencia pública del anteproyecto de ley de la nueva entidad. En principio, se actualizarán las funciones, se reforzarán sus medios y contará con un fondo específico para la gestión y liquidación de los sistemas de electricidad y gasista en las actividades reguladas.
En el caso de la supervisión de las tomas de participaciones empresariales en el sector energético, la CNE se encargará de instruir el expediente y de hacer una propuesta al ministerio, que resolverá y fijará las condiciones que considere oportunas.
Este fondo para gestionar las liquidaciones de los sectores energéticos es una medida que responde a la petición expresa de la Intervención General de la Administración, de la Oficina de Contabilidad Nacional, para facilitar la transparencia y la mejor gestión de los flujos económicos que proceden de estas actividades reguladas que aparecen en las facturas.
Esta CNE, además de sus funciones clásicas de seguimiento del funcionamiento correcto de los mercados energéticos, una vía con la que se quiere garantizar precios competitivos para los consumidores y señales eficientes para la inversión, tiene que incorporar la descarbonización.
En este sentido, ha explicado que se trata de favorecer, a la hora de tomar las decisiones regulatorias, ese objetivo europeo de la descarbonización. Según ha subrayado la ministra, el nuevo organismo asume funciones regulatorias; consultivas; de asesoramiento y resolución de conflictos entre operadores e incorpora nuevos vectores energéticos, a los que se añade el hidrógeno y los gases renovables a la electricidad, el gas y los hidrocarburos.
También se reforzarán las funciones de inspección, consolidando atribuciones que desempeñaba de manera transitoria como el velar por la resolución de las quejas de los consumidores. La CNE estará adscrita al Ministerio y su consejo estará integrado por siete miembros: el presidente, el vicepresidente y cinco consejeros, que tendrán un mandato de seis años sin posibilidad de reelección y deberán acreditar 5 años de experiencia vinculados a este ámbito.
Contará con tres direcciones, la de Electricidad, la de Hidrocarburos y Nuevos combustibles y la de Inspección, de nuevo cuño, para reforzar su labor supervisora.
Para sacar este proyecto adelante, la ministra ha señalado que ha habido distintas vías de comunicación y escucha y que será muy importante atender los comentarios y observaciones para remitir el proyecto de ley al Congreso de los Diputados, empezando obviamente por la CNMC, que tiene mucho que decir, ha reconocido.
Hasta que se recupere este organismo, la CNMC seguirá desempeñando sus funciones con normalidad y la recuperación de los equipos y dotaciones se hará con la mayor diligencia. En el acuerdo de gobierno suscrito entre el PSOE y Sumar ya se recogía resucitar la CNE, que fue el ente regulador de los sistemas energéticos entre 1995 y 2013.
