La Sareb, sociedad que se creó en la crisis financiera para aglutinar los activos inmobiliarios tóxicos de las cajas de ahorro rescatadas, disponía en abril del año pasado de 21.000 viviendas construidas susceptibles de venderse. De esa cifra, 9.000 se encontraban en fase de comercialización en canales minoristas y cerca de 12.000 necesitaban algún tipo de adecuación para ser habitables, según comunicó entonces la empresa.
En el conjunto de 2023, la Sareb vendió 10.150 viviendas a minoristas y 350 a administraciones públicas, sumando 10.500 con un ticket medio de unos 90.000 euros que corresponde al precio de mercado en cada zona, según los últimos datos de la empresa conocidos por Servimedia.
Las viviendas a minoristas le reportaron 913,5 millones y si se suman las vendidas a las administraciones públicas, los ingresos ascienden a 945 millones. Estas cifras superan a las de 2022, ejercicio en el que vendió 8.153 viviendas, más del 90% a minoristas, a un precio medio superior, de unos 97.000 euros, y por las que ingresó 791 millones, según los datos del informe anual de ese año. Así, el aumento de los ingresos fue del 15,5% respecto a 2022 por el canal minorista y del 19,5% si se añaden las ventas a administraciones. La Sareb explica en su informe anual de 2022 que en ese ejercicio inició «un programa activo de acercamiento a los municipios y comunidades autónomas para promover la compra de viviendas comercializadas por Sareb por parte de estas administraciones» y no especifica si ya en ese año hubo alguna venta.
A cierre de enero de este año, la Sareb contaba con 18.900 viviendas construidas disponibles para la venta, una cifra que se va actualizando constantemente dado que se van vendiendo inmuebles e incorporando otros. La compañía tiene el mandato de desinvertir para devolver la mayor cantidad posible de la deuda con la que nació fruto de la crisis, de 50.781 millones, y que el año pasado bajó de los 30.000 millones.
La cartera inmobiliaria de la Sareb copó gran atención el año pasado cuando el Gobierno anunció en abril un plan para destinar hasta 50.000 viviendas para alquiler social y asequible de su cartera con el fin de hacer frente a las dificultades para acceder a la vivienda. En concreto, 21.000 viviendas conformaban las terminadas y dispuestas para la venta en manos de la Sareb, otras 14.000 estaban habitadas y otras 15.000 podrían levantarse en suelos disponibles.
De las 21.000, las más inmediatas para ser ocupadas, la mayoría se encontraba en Valencia (4.950), Cataluña (3.539), Castilla-La Mancha (2.288), Murcia (2.093) y Andalucía (2.040). Las provincias de Valencia (2.266), Murcia (2.093) y Castellón (1.769) eran las que más tenían, según los datos hechos públicos en abril pasado por la Sareb, que explicaba que la ubicación de las viviendas «es reflejo de la cartera de activos que Sareb recibió entre los años 2012 y 2013 procedentes de las antiguas cajas de ahorro y sus filiales que fueron intervenidas por el FROB en los años de la crisis financiera».
Respecto al alquiler social, de las 14.000 destinadas a ello, hay 6.000 alquileres firmados que corresponden al primer año del Programa de Alquiler Social y Acompañamiento que la Sareb lanzó en el segundo semestre de 2022. A estas se suman unas 1.700 viviendas cedidas a administraciones para alquiler social y alrededor de otras 3.600 viviendas se encuentran ocupadas ilegalmente. El resto se está evaluando. Los alquileres sociales no pueden exceder el 30% de la renta de los inquilinos y éstos deben participar en el Programa de Acompañamiento Social y en un Programa de Inserción Laboral con el que la Sareb ayuda a encontrar empleo a quienes no lo tienen.
En cuanto a los suelos que se cederán a promotores privados para levantar unas 15.000 viviendas para alquiler asequible, en el marco del llamado ‘Proyecto Viena’, se está preparando una primera fase con suelos para construir 3.500 unidades. Desde la Sareb señalaron que es probable que la licitación se lance en el segundo trimestre y no en el primero como se había previsto, ya que el consejo de administración, que acaba de incorporar a Álvaro López como nuevo presidente del Frob -el accionista mayoritario de la Sareb-, tiene que dar su visto bueno.
