«Va a incorporarse una enmienda al Real Decreto-Ley que hemos llamado de medidas urgentes para luchar contra la crisis originada por la guerra de Ucrania (…) Es el elemento adecuado», ha afirmado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Escrivá ha recordado que esta subida se pactó con CCOO y UGT en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI y ha agradecido a ambos sindicatos su acompañamiento en todo este proceso.
Sin esperar a la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2024 para incluir esta subida salarial, PSOE y Sumar han aprovechado la tramitación parlamentaria del decreto anticrisis para introducir esa enmienda que incluye el incremento salarial del 2% para los empleados públicos con opción a medio punto más. Se trata de una propuesta de modificación legislativa,con la que los socios de coalición introducen un nuevo artículo al texto para aprobar el incremento retributivo del personal al servicio del sector público en 2024, ya que los Presupuestos están prorrogados y, de momento, no pueden utilizar esa vía.
El proyecto de ley derivado del decreto se aprobará en próximas semanas en la Comisión de Hacienda, para remitirse después al Senado y estar en vigor aproximadamente en abril, mientras que los Presupuestos Generales del Estado de 2024, que aún no se han aprobado en Consejo de Ministros, tardarán dos meses en completar su tramitación parlamentaria.
CCOO y UGT han subrayado que esta subida afectará a más de cinco millones de empleados públicos y han recordado, al igual que ha hecho el ministro, que responde a lo pactado con el Gobierno en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI. En este sentido, los sindicatos han destacado que en 2022 y 2023 se cumplieron los objetivos salariales máximos recogidos en dicho acuerdo marco, lo que supone más del 7% de incrementos. A estos habrá que sumar el 2% previsto para este año 2024, quedando pendiente posteriormente un alza adicional del 0,5% si se cumplen los condicionantes asociados al IPCA. De hecho, que la subida final vaya a ser del 2,5% es previsible, pues ese 0,5% adicional se condiciona a que la suma de la variación del IPC armonizado entre 2022 y 2024 supere al incremento retributivo fijo acumulado de ese periodo, algo que a falta de conocer la inflación de este año ya ha sucedido.
Y es que, la inflación armonizada entre 2022 y 2023 ha sido del 8,8%, mientras que la subida fija de los sueldos públicos alcanza el 8%. Sin embargo, la redacción del artículo establece que esto no se consolidará hasta el año que viene, cuando el Instituto Nacional de Estadística publique los datos del IPC armonizado de 2024.
Si finalmente la inflación supera a la subida de los salarios, como se espera que pase, el Consejo de Ministros aprobará la subida adicional de 0,5 puntos, que tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.
Autorizada la fusión Orange y Másmóvil
El Consejo de Ministros ha autorizado también la fusión de Orange y Másmóvil con una ‘joint venture’ al 50%. La ‘luz verde’ a la transacción viene acompañada de un «ambicioso» plan de inversión consensuada entre las dos operadoras y el Ejecutivo para los próximos años en España. En ese plan hay «compromisos de mantenimiento de empleo suficientes», aunque sin precisar si esto implicará la ausencia de despidos en los próximos años. De esta manera, los dos grupos salvan el último gran escollo regulatorio para la unión que se hará efectiva previsiblemente a finales de este mes de marzo tras el resto de trámites menores.
«Es una operación analizada extensamente con los dos operadores; quiero agradecer cómo han trabajado con nosotros para que se refleje todo», ha apuntado. Esos compromisos de inversión se extienden tanto a la red fija como a la móvil.
Este era el gran escollo regulatorio de esta fusión, cuyo periplo arrancó hace ahora dos años. Ahora quedan algunos trámites menores que los equipos legales de ambas partes esperan limar en las dos próximas semanas. La previsión de Orange, expresadas por su consejero delegado en España hace unas semanas, era que a partir de esa fecha ambas estuvieran operando como una sola empresa.
«Con esta unión garantizamos mejores servicios para los ciudadanos en fibra 5G y 6G; lo que creo que conseguimos con estos compromisos de país es que el desarrollo tecnológico de España esté garantizado», ha resaltado el ministro, quien ha advertido que estas exigencias ‘extra’ consensuadas con las empresas va a ser el ‘modus operandi’ a partir de ahora en algunas de las transacciones que hay sobre la mesa. En concreto, aún queda pendiente de una autorización similar la de la compra de Vodafone España por Zegona. Y también estarían cocinándose otras transacciones de firmas más pequeñas.
Esta fusión generará un gigante de las telecomunicaciones, que superará la barrera de los 7.500 trabajadores, pero para dar respuesta a más de 31 millones de clientes conjuntos -más de 24 millones de líneas móviles y unos 7 millones de banda ancha fija-. La fusionada generará un grupo de una valoración de 18.600 millones de euros. Orange aportará sus activos sin deuda, por lo que recibirá una mayor parte del ‘megadividendo’ que se repartirán. En total tomará 4.200 millones (frente a los 1.650 millones para Másmóvil). El cuarto operador aportará un pasivo relevante. La transacción implicará que el grupo resultante sea el primero por número de clientes, superando a Telefónica lo que podría llevar a una desregulación aún más significativa del mercado. Pero ahora el foco estará en los diferentes ajustes en la estructura, especialmente en el área directiva donde se esperan sinergias significativas.
Regresos de emigrantes españoles
Poer su parte,la Seguridad Social está preparando un Plan Estratégico de españoles en el exterior y personas retornadas con el objetivo mayúsculo de atraer y facilitar la vuelta de casi 1,7 millones de personas en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) y con la nacionalidad española viviendo en el extranjero. El Ministerio hará especial énfasis en los profesionales sanitarios, la educación, así como el área social y cultural.
La cartera que dirige Elma Saiz incrementará el presupuesto de las prestaciones destinadas a este tipo de personas retornadas, en especial las ayudas asistenciales en el exterior, y los convenios en materia de sanidad. El objetivo es recuperar la inversión española en capital humano, algunos de ellos ya como mano de obra formada, que han emigrado por las diversas crisis en la denominada fuga de cerebros: pérdida de talento humano cualificado.
Un reciente estudio elaborado por BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) estimó el impacto de la pérdida de mano de obra formada por España para un ejercicio en concreto. Los 400.000 españoles con estudios superiores que salieron del país en 2022 supone una pérdida de riqueza de 155.000 millones de euros, el equivalente al 1% del valor total de la mano de obra de la que dispone la economía española. El número de personas que decidieron abandonar España para buscar oportunidades laborales en otros países registró un repunto tras la pandemia. Por continentes, es América quien alberga un mayor número de españoles residentes, con algo más de un millón. Destaca el elevado número de residentes españoles en países como Argentina, México, Brasil o Venezuela, a los que históricamente emigraron españoles hace varias décadas.
Europa cuenta con casi 700.000 residentes. En este caso, destacan países como Alemania, Reino Unido, Francia o Suiza, países que también han sido históricamente lugar de destino de españoles en décadas pasadas. De hecho, si se miran los datos de mayores de 65 años, en algunos de estos países (Argentina, por ejemplo), vemos que el número es también bastante elevado, lo que nos puede ayudar a concluir que se trata de los descendientes de estas personas.
Primera farmacéutica semi publica
La primera farmacéutica semipública española se hace realidad. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de Innvierte, poseerá el 49% de la compañía, mientras que Rovi e Insud Pharma tendrán un 25,5% cada una.
La nueva entidad se encargará de investigar y desarrollar terapias avanzadas. No obstante, todavía no ha trascendido el nombre de la futura farmacéutica público -privada, según ha afirmado Rovi a este periódico, así como tampoco se conocen a la exactitud las áreas terapéuticas a las que van dirigidas. En cualquier caso, no será una tarea de medicamentos genéricos, sino que estará ligado a la ciencia más puntera.
No en vano, el proyecto está ligado al Perte Salud de Vanguardia. A través de Innvierte, que aportará inicialmente 36,68 millones de euros, el resto de la financiación correrá a cargo de los laboratorios mencionados, que desembolsarán 38,18 millones entre ambos. De esta forma, se invertirán 74,86 millones a finales de 2024, aunque el desembolso puede aumentar hasta 220 millones de euros, dependiendo de las necesidades de los proyectos que se concreten en un futuro y sujeta a la aprobación por los socios del oportuno plan de negocio.
El objetivo de la farmacéutica es llegar a la autorización y comercialización de dos terapias avanzadas en 2027 fabricadas en España. Así, con esta sociedad se pretende impulsar una industria nacional para este tipo de terapias, que ahora mismo no existe en España. Eso sí, ha habido algunos intentos desde hospitales, como el Clínic de Barcelona, desde el que se trabaja con terapias CAR-T académicas.
Además, la ministra del Ministerio de Ciencia e Innovación, Diana Morant, explica que los fármacos resultantes de este proceso se ofrecerán al Sistema Nacional de Salud con un precio «competitivo», ya que se trata de terapias «muy costosas, muchas veces inasumibles por los sistemas públicos de salud». «Esto hará que nuestro Sistema Nacional de Salud sea más sostenible», incide. Las empresas que participarán en esta farmacéutica tienen una larga trayectoria de innovación a sus espaldas. Por un lado, Rovi es la única compañía capaz de generar terapias con ARN mensajero en suelo español, concretamiento en Granada. Además, la capacidad de fabricación a terceros ha quedado patente desde la pandemia y hoy en día es la línea de negocio más fuerte de la firma de los López-Belmonte.
Por su parte, Insud Pharma, con sede en Guadalajara, es propiedad de la familia Sigman, de origen argentino. Una de las ramas del negocio es mAbxience, en Castilla y Léon, desde donde se trabaja desde hace tiempo con compuestos biológicos. En cuanto al proceso de desarrollo, en marzo de 2023, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) hizo una llamada a las farmacéuticas privadas interesadas a participar en esta iniciativa. Tres meses después, se selecciono la propuesta conjunta que presentaron Rovi e Insud Pharma, atendiendo a sus capacidades técnicas y financieras.
La consumación anunciada hoy en el Consejo de Ministros constituye el cumplimiento de una de las pretensiones de Sumar cuando llegó al Gobierno. Entonces, tanto la ministra de Sanidad, Mónica García, como su secretario de Estado, Padilla, deslizaron que sus intenciones eran tanto la creación de una farmacéutica pública como el desmantelamiento, poco a poco, del sistema de aseguramiento de los funcionarios, Muface.
El proyecto que hoy se inicia, por otro lado, está lejos aún de las pretensiones de Padilla. En un artículo publicado el pasado verano, el segundo de Sanidad señalaba que la farmacéutica pública debía gozar de un presupuesto de 858 millones de euros, siendo 369 millones de dinero público.
Las firmas del pacto de socios entre el sector público y las entidades privadas están previstas para este miércoles. Posteriormente, una junta de accionistas elegirá a un consejo de administración, formado por dos consejeros a propuesta del Gobierno y otros dos a propuesta de las farmacéuticas participantes. Este será el máximo órgano de control, y elegirá a un director general –acordado entre las entidades participantes– y a un comité científico-técnico, que será el encargado de determinar qué terapias tienen más proyección para cumplir los objetivos de la sociedad.
Este comité científico-técnico estaría constituido por tres miembros, uno por cada uno de los socios que participan: uno del sector público –a propuesta del Ministerio– y otro por cada una de las sociedades privadas que participan en el organismo. Las dos terapias finalmente escogidas deben cumplir objetivos concretos en términos de interés público del proyecto, interés comercial, viabilidad económica y técnica. «Para el desarrollo de las pruebas, se va a contar con las capacidades industriales ya existentes, preferiblemente, para el desarrollo en España, también incluyendo al sector público y a las capacidades instaladas en cada una de las empresas que participan en la sociedad», han expresado fuentes de Ciencia.