Durante su discurso en el IV Observatorio de las Finanzas, ha trasladado la idea de reducir la carga fiscal que soportan las entidades españolas con el objetivo de aumentar su solvencia y prepararse ante eventualidades negativas.
También ha pedido a la banca que utilice parte de los beneficios que han obtenido en los últimos años para aumentar su nivel de resiliencia, puesto que considera que probablemente parte del incremento de la rentabilidad que el sector ha registrado en 2022 y 2023 gracias a la subida de tipos «no está para quedarse». Es esperable que haya un incremento del coste del crédito en algún momento y que las rentabilidades se reduzcan, aunque probablemente no a los niveles tan bajos que teníamos antes de la pandemia», ha explicado.
Hernández de Cos también ha insistido, en su intervención, en los elevados niveles de deuda y déficit públicos estructurales de España, puesto que suponen una «vulnerabilidad» que no debería «minusvalorarse», ante la posibilidad de que haya una reacción abrupta de los mercados que eleve el coste de financiación y haga aumentar la deuda. «Estos niveles dejan sin margen de actuación a que la política fiscal pueda responder en su papel estabilizador de la política económica en futuros shocks negativos», ha proseguido. Por ello, ha afirmado que es «muy importante» que las autoridades «se tomen muy en serio» el nuevo pacto de estabilidad y crecimiento acordado por los países de la UE.
Ha pedido que el ajuste fiscal sea «lo más favorecedor posible al crecimiento económico», al tiempo que ha sostenido que el propio anuncio y la ejecución progresiva gradual de este ajuste «podría contribuir» a generar certidumbre de las políticas económicas y, en último término, un efecto positivo sobre el crecimiento.
Ha resaltado la importancia de los fondos europeos en este proceso, en cuyo reparto ha habido «cierto retraso», pero que debería ganar tracción en 2024 y 2025, así como que la consolidación fiscal vaya acompañada de reformas estructurales que aumenten el crecimiento potencial de la economía española, caracterizada por una «muy baja productividad» y una tasa de desempleo que «duplica» a la de los principales países de la UE.
Así, ha indicado que el proceso de consolidación fiscal y las reformas estructurales «van a requerir de muchos años, probablemente de varias legislaturas», por lo que ha pedido un grado de «consenso importante» entre las fuerzas políticas para impulsarlas y mantenerlas en el tiempo.
