El Congreso tramita ahora la propuesta para garantizar que se cumple el acuerdo al que el partido nacionalista había alcanzado con el Gobierno, pero que no se llegó a implantar por la derogación en enero del decreto ley del subsidio de desempleo.
A pesar de que el PNV lleva años reivindicando esta medida, la formación política vasco no había logrado pactar la prelación de los convenios a nivel regional por encima del resto hasta esta legislatura, cuando las negociaciones culminaron en un acuerdo con el Gobierno para reformar el Estatuto de los Trabajadores. El entendimiento con el Ejecutivo para impulsar esta iniciativa llegó en el marco de las conversaciones para garantizar el apoyo de los partidos en una legislatura con un número más ajustado de votos a favor en el Congreso. Los sindicatos no se mostraron satisfechos con la decisión tomada, por suponer una modificación de la reforma laboral que se había pactado con los agentes sociales.
La reforma en cuestión supone una modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores para que los convenios de las autonomías prevalezcan sobre los sectoriales y estatales siempre que obtengan el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación y su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los acuerdos estatales.
Elementos como el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica no serían negociables en el convenio autonómico.
El PNV justifica su propuesta en el hecho de que la creación y calidad del empleo está «íntimamente vinculada» a la aproximación de las bases negociadoras al conocimiento de su entorno y, por tanto, a las mayorías sociales existentes en los ámbitos negociadores más próximo.