La reforma de pensiones, la laboral, la fiscal, las medidas de protección social, la nueva ley de vivienda… Son diversas, con objetivos ambiciosos y están detalladas en el Plan de Recuperación pactado con la Comisión Europea en 2021 a cambio de recibir más de 80.000 millones de euros de fondos europeos. Sin embargo, y a falta de que Bruselas se pronuncie sobre algunas de ellas, las evaluaciones realizadas en España no son positivas. Para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), «algunas de las reformas importantes apuntan en la dirección equivocada y otras carecen de ambición».
Su director, de la Fuente, advierte en un artículo recién publicado en inglés que Bruselas «no le hará ningún favor a España ni a Europa si no alza la voz contra medidas mal concebidas y no presiona para corregir el rumbo y aprovechar al máximo el potencial del NGEU para fortalecer la economía española».
En primer lugar, Fedea menciona que la primera prioridad del Gobierno ha sido «mejorar la protección social» pero «los buenos deseos no siempre se han traducido en políticas efectivas y las consideraciones de sostenibilidad fiscal no han recibido la atención que merecen». En su opinión, se ha introducido un sistema de renta mínima (IMV) muy necesario para combatir la pobreza, pero su implementación se ha visto muy ralentizada y su eficacia comprometida por la decisión de que el Gobierno central lo administre, en lugar de que las comunidades autónomas. Fedea recuerda que estas últimas ya gestionaban programas de complementos de renta y gestionan los servicios de empleo, por lo que «su colaboración es imprescindible para evitar convertir el IMV en una trampa de pobreza».
En la misma línea, de la Fuente menciona que «se han necesitado más de dos años para introducir incentivos para aceptar ofertas de empleo sin perder beneficios, situando así el tipo impositivo marginal efectivo del régimen por debajo de su valor inicial del 100%».
También menciona los claroscuros de la reforma laboral, otra de las grandes medidas que comprende el Plan de Recuperación al que se vinculan los fondos europeos. «La reforma ha aumentado considerablemente la proporción de contratos indefinidos, reduciendo así drásticamente lo que podría llamarse “precariedad contractual”, pero hasta ahora ha tenido poco efecto en la duración promedio de los contratos y los salarios», destaca.
Además señala que «ha habido pocas mejoras reales en el funcionamiento de las oficinas públicas de empleo que administran servicios de intermediación y gestionan políticas activas del mercado laboral, a pesar de una nueva ley laboral que introduce cambios principalmente cosméticos».
En el ámbito de la educación, «ha habido un importante esfuerzo legislativo y presupuestario, con revisiones de varias leyes básicas y ambiciosos planes de inversión, pero también ha habido quejas de que la nueva legislación no presta suficiente atención a la calidad de la educación».
En cuanto a la reforma fiscal, Fedea destaca que si bien «el informe del comité de expertos establecido en el Plan se publicó en febrero de 2022, hasta el momento no se ha intentado implementar ninguna de las reformas (en su mayoría sensatas) propuestas en el mismo». De la Fuente recuerda que la reforma fiscal debería haberse completado, en principio, en el primer trimestre de 2023. El think tank explica que además de modificar los impuestos indirectos sobre la energía y los alimentos para reducir la inflación y aliviar su efecto en el presupuesto de los hogares, las medidas fiscales durante los últimos dos años se han limitado a la introducción de nuevos gravámenes ad hoc sobre determinadas grandes corporaciones de los sectores energético y financiero y un impuesto complementario sobre el patrimonio. Y recuerda: estas medidas no están contempladas en el Plan de Recuperación.
Además, el director de Fedea asegura que «la ley que establece los gravámenes sectoriales es problemática tanto por motivos de procedimiento como de fondo». Ha sido aprobada por el Parlamento en un tiempo récord utilizando un procedimiento no estándar para evitar todos los informes normalmente requeridos por los órganos consultivos, como el Consejo de Estado, y otros filtros de calidad de la legislación iniciados por el Gobierno. Además, «los nuevos impuestos que crea son muy cuestionables». En primer lugar, el impuesto a la banca y a las energéticas «es particularmente preocupante como amenaza al Estado de derecho, ya que sienta un precedente muy peligroso que esencialmente daría al Gobierno de turno el poder de establecer gravámenes arbitrarios sobre sectores o empresas específicas, vulnerando el principio de igualdad de trato y la exigencia de que los impuestos reflejen la capacidad económica (y no su presunción o sesgos ideológicos contra determinados agentes), tal y como establece la Constitución y la Ley General Tributaria».
En cuanto al Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, «también plantea cuestiones complicadas». Considera que «para neutralizar ciertos recortes en el impuesto sobre el Patrimonio introducidos por los gobiernos regionales, esencialmente invierte la asignación a estas administraciones de competencias en la materia, actuando de una manera opaca que ha provocado impugnaciones de constitucionalidad por parte de varios gobiernos autonómicos».
Fedea considera que «si bien, en última instancia, el Gobierno Central tiene el poder constitucional para regular lo que sigue siendo un impuesto nacional (aunque “cedido” a las regiones), el método utilizado para hacerlo es problemático». Las competencias sobre el impuesto se han transferido a las regiones como parte de un paquete más amplio que regula el actual sistema de financiación regional, y dado que el nuevo impuesto equivale a un cambio en el paquete impuesto unilateralmente por el Gobierno Central, «puede haber motivos para impugnarlo ante el Tribunal Constitucional».
Finalmente Fedea destaca que otros casos claros de «legislación desacertada al amparo del Plan de Recuperación» tienen que ver con el sistema público de pensiones y con la vivienda. La nueva legislación sobre pensiones supone «un claro paso atrás» en términos de sostenibilidad de las finanzas públicas españolas porque aumentará considerablemente el gasto durante las próximas décadas sin introducir medidas compensatorias significativas.
No es la primera vez que Fedea alerta de que la reforma de pensiones impulsada por el Gobierno no garantiza la sostenibilidad del sistema. Según sus cálculos, el gasto total en pensiones públicas (incluidas las de los funcionarios públicos y las prestaciones no contributivas) alcanzaría el 17,8% del PIB en 2050, 2,5 puntos por encima de la previsión del Gobierno.»Esa cifra situaría a España a la cabeza en términos de gasto en pensiones como porcentaje del PIB, 5,2 puntos por encima de la media de la UE y 1,6 puntos por encima de Italia, que ocuparía el segundo lugar. El fuerte aumento del gasto se traduciría también en un importante aumento del déficit básico del sistema público de pensiones que, en ausencia de medidas correctoras, promediaría los 4,5 puntos del PIB durante el periodo 2022-50 y alcanzaría los 6,3 puntos en 2050″.
A su vez, «es probable que la nueva ley de vivienda agrave considerablemente la escasez de viviendas de alquiler asequibles que motivó su introducción». Entre las medidas que empeorarán la oferta está la posibilidad de introducir controles de alquileres en zonas consideradas “tensionadas”, la imposición de límites generales a la actualización de los alquileres y prórrogas obligatorias de los contratos, así como algunas disposiciones que complican que los propietarios recuperen sus propiedades de inquilinos morosos u ocupantes ilegales.
En el artículo, el director de Fedea recuerda que en los próximos meses la Comisión Europea tendrá que pronunciarse, precisamente, sobre la reforma de las pensiones y la nueva ley de vivienda, y reclama rigor y mano dura en su evaluación. «Aún estamos a tiempo de rectificar».
