Este problema, junto al elevado paro de larga duración, es todavía el principal desafío del mercado laboral español, según el último número de Cuadernos de Información Económica, publicación editada por Funcas.
Torres y Fernández explican que el funcionamiento del mercado laboral ha evolucionado, acercándose a los estándares europeos. El empleo es menos procíclico, algo que ayuda a evitar subidas excesivas del paro en fases recesivas. Las reformas y la transformación demográfica podrían explicar este cambio saludable de comportamiento. No obstante, advierten de que queda mucho camino por recorrer para mejorar el rendimiento del mercado laboral. Las cifras de contratos firmados y de bajas de afiliación mensuales apuntan hacia una reducción en términos netos en la rotación de trabajadores, a pesar de haberse producido efectivamente un incremento de esta en el grupo de asalariados indefinidos. Así, el número de contratos indefinidos firmados al año por cada 100 afiliados indefinidos se ha incrementado desde 23 en 2019 a 52 en 2023, mientras que el número de bajas de afiliados indefinidos al mes ha pasado de 1,4 por cada 1.000 afiliados indefinidos a 3,1. Los jóvenes acaparan gran parte de las dificultades. “El nivel elevado del paro de larga duración y la difícil transición de los jóvenes a la vida activa evidencian la persistencia de un importante paro estructural”, señalan. La dificultad para entrar en el mercado laboral durante la crisis financiera ha complicado especialmente las posibilidades de los jóvenes. El porcentaje de activos con formación universitaria es mayor que la media de la eurozona, 43,7% frente a 36,9%. Sin embargo, muchos de estos jóvenes no encuentran un empleo adaptado a su formación, generando un fenómeno de sobrecualificación En cuanto al desempleo de larga duración -las personas que buscan activamente empleo desde hace más de un año representan más del 4% de la población activa, el doble de la media europea-, revela dos dificultades. La primera es la escasez de recursos humanos en los servicios públicos de empleo que atienden a los parados y la segunda, el bajo nivel de formación de parte de la población activa. Casi la tercera parte de los activos en España tienen un nivel de formación inferior a la secundaria completa, frente a una media del 20% en la eurozona, o del 17% en la UE. Todo ello incide negativamente en la empleabilidad.
Asensio y Serrano recuerdan que, en poco más de 15 años, los jóvenes españoles han sufrido el impacto de dos crisis económicas, lo que ha afectado a su bienestar presente y a sus expectativas de futuro. En 2022 más de un tercio (35,7%) de las personas de entre 20 y 34 años vivía en áreas funcionales de los cinco municipios más poblados de España, 2,5 puntos porcentuales más que en 2012. Solo las dos grandes urbes españolas (Madrid y Barcelona) acogen al 27,1% de los jóvenes españoles. No obstante, en estas ciudades los jóvenes deben hacer frente a un mayor encarecimiento de la vivienda, lo que compromete sus tasas de ahorro y dificulta el acceso a la vivienda en propiedad, reduciendo su riqueza. Relacionado con esto, el artículo de Romero muestra que, en la última década, el coste del alquiler residencial en España ha experimentado un incremento significativo, con un aumento del 27,7% entre 2015 y 2022, superando el crecimiento de los ingresos de los hogares (16,6% en los de un solo perceptor y alrededor de 22% en hogares de dos o más perceptores). Esta tendencia se ha intensificado después de la pandemia, con un creciente número de hogares destinando más del 30% de su presupuesto al alquiler. La cohorte que ha experimentado el mayor aumento del esfuerzo entre 2015 y 2022 ha sido la de los menores de 35 años (26,7%), muy por encima del resto de grupos, que no superan el 10%. En 2022, el gasto en alquiler y suministros básicos llegó a representar más del 30% de los gastos en el 60,5% de los casos. Tras el importante aumento de los beneficios del sector bancario español en 2023, y en pleno debate sobre si está justificada una mayor carga impositiva para el sector,
Carbó y Rodríguez señalan que la rentabilidad no solo sirve para reforzar las reservas de un banco, esenciales para su solidez y capacidad de enfrentar adversidades, sino también para financiar expansiones, inversiones y, en última instancia, para estimular la actividad económica. Varias magnitudes relativas sugieren que el aumento de beneficios es una recuperación de parte de la rentabilidad perdida desde antes de la pandemia, si bien llaman a la prudencia. La ratio promedio entre el precio de la acción y el valor en libros de las mayores seis entidades es 0,78%. Asimismo, si se analizan las cotizaciones bancarias con una perspectiva de largo plazo se aprecia que el sector venía de niveles muy reducidos de rentabilidad en lo que ha sido una recuperación progresiva de los niveles pre-pandemia. Asimismo, sigue cayendo el crédito a familias y empresas en tasa interanual, lo que se debe principalmente a una caída de la demanda por un aumento de los costes de financiación. Esto implica también establecer cierta prudencia por posibles aumentos de la morosidad, en la medida en que esta puede acabar reflejando el impacto del endurecimiento de las condiciones de financiación
