Garamendio, presidente de CEOE, ha considerado que la intención del Ejecutivo con estas iniciativas es seguir incrementando los costes de las empresas. Por ello, y para concienciar a los trabajadores sobre lo que sus empleadores cotizan por ellos, el líder empresarial ha asegurado que “las empresas deberían poder pagar a cada uno de los trabajadores el coste salarial real total (incluyendo las cotizaciones que pagan las empresas y los propios empleados y que se detraen de sus retribuciones) y que luego cada uno organizara sus relaciones con la Seguridad Social”. Y ha añadido: “esa sería la forma en la que se vería el coste real de los salarios en España”.
Así, ha insistido durante el IV Encuentro del Comercio de CEOE en que en la nómina de cada asalariado, debería “llegar todo el dinero y que sea el trabajador, como se hace con el impuesto de la renta, el que declare qué paga de impuestos o cotizaciones, porque llega un momento en que (el coste laboral total) puede ser casi el doble”. Si bien, en la actualidad los trabajadores ya están en disposición de saber cuánto aportan a la Seguridad, tanto por parte de su empleador con la cuota patronal, como la propia persona trabajadora a través de la comúnmente denominada cuota obrera, ya que obligatoriamente ambas aparecen reflejadas en las nóminas.
Así, es la ley, debido a la propia estructura del sistema de pensiones de reparto —que exige una recaudación efectiva de todas estas cotizaciones puntualmente cada mes para proceder al pago de diez millones de pensiones— la que indica que el empresario es el responsable del ingreso de la cotización propia y de la de sus trabajadores, para lo cual descontará del salario de sus trabajadores las aportaciones que les correspondan en el momento de su abono, según explica la Seguridad Social.
De hecho, ni siquiera son ya las empresas las que ingresan las cuotas que ellas estiman por sus trabajadores debido a cuestiones de operatividad y efectividad en la recaudación, que ya hace diez años llevaron a la Seguridad Social a cambiar el sistema de autoliquidación que operaba hasta 2014, según el cual las compañías abonaban directamente las cotizaciones al sistema por otro de facturación directa.
En otro orden de cosas, Garamendi ha apoyado indirectamente la regularización de cientos de miles de inmigrantes que persigue la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con 600.000 firmas que se tramitará este martes en el Senado, al asegurar que “en España falta muchísima gente y hay muchísimos puestos de trabajo sin cubrir”. Según ha dicho, los empresarios “siempre han estado abiertos a que España sea un país de acogida como, en su día, otros países lo fueron para españoles que salieron fuera”. En definitiva, la patronal “no tiene ningún problema en que venga la gente de fuera para trabajar, porque hay muchas empresas buscando trabajadores”, ha insistido.
