Así, el Gobierno tras cubrir el expediente con la reunión ha anunciado que proyectará medidas para facilitar la construcción de vivienda de uso residencial. En su comparecencia ante los medios, la ministra de Vivienda ha asegurado que ha sido una reunión “muy productiva” y que el Gobierno llevará a cabo periódicamente cada semestre para dar un ‘sprint’ a la oferta de vivienda asequible.
En concreto, la ministra Rodríguez, ha asegurado que su departamento elaborará modificaciones sobre la normativa ECO/805/2003 en la tarde del jueves; una regulación que en sus términos actuales dificulta a las promotoras inmobiliarias que arranquen los trámites de sus actuaciones hasta que no obtengan la licencia de obra.
En este sentido, Rodríguez ha afirmado que la modificación incluirá nuevas fórmulas de construcción como la industrialización o los propios factores de sostenibilidad y que, además, permitirá complementar la modificación de la Ley de Suelo para “agilizar los procesos urbanísticos”. El cambio anunciado permitirá corregir un defecto de forma de la normativa que no recogía los supuestos de licencias urbanísticas básicas aprobadas por los propios consistorios para aligerar el proceso de edificación hasta conseguir la licencia de obra, según han detallado fuentes conocedoras. A la hora de acudir a los bancos en busca de financiación, las tasadoras emiten una advertencia a las entidades de crédito de que el permiso de la construcción es básica y no de obra, un condicionante que provoca que en muchos casos los bancos no den la financiación necesaria para comenzar los procesos de urbanización.
Desde la banca indican que esta normativa ECO es el epicentro del problema, ya que la orden ministerial hace referencia contempla el requisito de licencia de obra para la valoración de bienes inmuebles, sin entrar a valorar otras opciones, ya que la normativa es anterior a la entrada en vigor de las licencias abreviadas, básicas, sencillas, entre otras terminologías utilizadas.
La ministra también ha hecho referencia a la intervención del Estado en los mercados de vivienda de aquellas comunidades díscolas que rechacen aplicar la declaración de zonas del mercado tensionado, contempladas en la ley de vivienda. Sobre este asunto, Rodríguez se ha mostrado tajante al asegurar que son las comunidades autónomas quienes deben declarar estas zonas, pero ha criticado su negativa a establecer fórmulas que permiten la aplicación de medidas extraordinarias en el mercado residencial, como la limitación del precio de los alquileres.
Según ha detallado la ministra, durante la reunión los agentes sociales han transmitido al Gobierno la necesidad de mantener la inversión pública en vivienda en un periodo largo. Rodríguez ha reafirmado el deseo del Ejecutivo de nutrir de recursos para vivienda tanto los presupuestos públicos como la posible prórroga de los Fondos Europeos. El plazo de los Next Generation finaliza en dos años, aunque desde Moncloa trabajan para que haya fondos comunitarios que “permitan ajustar nuestros compromisos con la agenda urbana” más allá de 2026, comentó Rodríguez.
