La relevancia de la industria es clave desde el punto de vista económico, de empleo y social, así como por su implicación con las diferentes actuaciones políticas y reguladoras. En el monográfico, coordinado por Mercedes Sánchez y titulado “Retos económicos en alimentación: la sostenibilidad, los precios y la innovación”, José Miguel Martínez, Federico Martínez-Carrasco y José Colino indican que el peso del sector agrario en el valor añadido bruto y en el empleo se corresponde, desde hace lustros, con los bajos niveles que se registran en los países desarrollados. La cuota ocupacional sobrepasa a la productiva y, por tanto, la productividad del trabajo es claramente inferior a la agregada. Pese a ello, España posee cierta especialización agraria en el contexto de los grandes Estados de la UE, con un peso sectorial en el empleo total que triplica al alemán, sobrepasa al francés y es muy similar al italiano. Además, la agricultura española tiene una productividad del trabajo homologable a las de Alemania y Francia, con unos costes salariales unitarios sensiblemente más reducidos. Por otra parte, la agricultura española se caracteriza por su carácter dual, con dos grupos bien definidos, el primero formado por la mitad de las explotaciones, de pequeño tamaño, con un peso productivo residual y con precarios niveles de productividad, signo de su carácter marginal y de que los ingresos familiares dependen de rentas no agrarias. Por otro, un minoritario grupo que, con el 10% de las unidades productivas, genera algo más del 70% de la producción, con tasas salariales y niveles de productividad muy altos, que constituye el núcleo fundamental de la agricultura empresarial en España.
José M. Gil y Ester Freixa centran su análisis en el debate recurrente sobre la responsabilidad del incremento de los precios de los alimentos que suele aparecer en períodos de tensión inflacionista; en definitiva, si son los productores agrarios -los precios en origen- o los agentes intermedios de la cadena vía márgenes los responsables de los aumentos. Su conclusión es que el debate va a seguir ya que no existe evidencia empírica de ninguno de los dos resultados. En algunos casos, son los incrementos de los precios de los productores, normalmente asociados a aumentos de los costes de producción o a condiciones climáticas de la campaña, los que generan las subidas. En estos casos, los márgenes comerciales suelen moderarse. En casos en los que los precios de los productores crecen menos, son los márgenes los que crecen más rápido. Pero incluso esa tendencia general hay que matizarla caso por caso. En cuanto a la sostenibilidad, la industria agroalimentaria juega un papel clave en la medida en que, aunque produce bienes de primera necesidad (alimentos), lo hace con un importante impacto ambiental.
José María García Álvarez-Coque, Olga M. Moreno, Lorena Tudela, Francesc J. Cervera y Sergi Escribano explican que la evolución de los precios en España y en los mercados mundiales refleja que buena parte de la inflación de los precios de los alimentos es importada del exterior, incluyendo factores de naturaleza global, relacionadas con conflictos, como la guerra de Ucrania, o sequías. Por el lado de la oferta, se observa un deterioro de la capacidad productiva en muchas zonas del planeta, afectadas por el calentamiento global. En términos globales, la producción de alimentos es la mayor utilizadora de recursos hídricos, empleando un 70% de estos. El sistema agroalimentario demanda casi un 30%de la energía consumida en la Unión Europea, es causante del 60%de la pérdida de biodiversidad terrestre global y representa más del 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Todo ello lleva a aumento de los costes de producción. Por el lado de la demanda, actúa la llamada transición nutricional, un cambio de patrón de consumo que ejerce presión sobre los recursos naturales. Las propuestas de distintos actores para luchar contra las alzas de precios incluyen esfuerzos colaborativos para superar la atomización del sector, mejoras logísticas y digitalización, difusión de innovaciones comerciales, tecnológicas y organizativas, más transparencia en la cadena agroalimentaria, y educación de la ciudadanía para un consumo saludable y responsable.
José A. Gómez y Mercedes Luque afirman que la consecución del desarrollo sostenible se ha convertido en la principal prioridad política. La normativa europea ha comenzado a obligar a las empresas a informar sobre su desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo. Detallan los cambios estratégicos que deben abordar las empresas agroalimentarias españolas al objeto de mantener su legitimidad para operar en los mercados, teniendo en cuenta que el sector presenta una superior exposición pública (alimentos). También destacan que el papel de los informes de sostenibilidad será potenciado por la regulación financiera europea, en la medida en que en un futuro próximo impondrán condiciones para la concesión de financiación de las empresas en función de su desempeño ASG. Así, se prevé que, frente a las 11.700 empresas de la UE afectadas por la anterior directiva, esta nueva directiva afecte a casi 50.000 empresas. En el caso del sector agroalimentario español, de las poco más de 200 empresas obligadas actualmente al reporte de sostenibilidad (EINF), se va a pasar a más de 500. Las nuevas empresas afectadas por la obligación de reporte del IS deberán comenzar a hacerlo a partir del ejercicio económico que comienza el 1 de enero de 2025, debiendo publicar sus primeros informes conforme a la nueva normativa mercantil en 2026.
Por último, el sector alimentario se enfrenta a una transformación importante consecuencia del cambio tecnológico. La mejora genética, la digitalización o la inteligencia artificial están transformando los sistemas de producción de alimentos, aumentando la productividad. Silverio Alarcón, Ramo Barrena, Teresa García, Emilio Pindado, Mercedes Sánchez y Katrin Simón muestran cómo la innovación se ha convertido en decisiva para las empresas agroalimentarias en sus cumplimientos de sostenibilidad, adaptación a la demanda cambiante y al incremento de la competencia. Los procesos productivos agroalimentarios con superior riesgo, su carácter estratégico, la estructura empresarial (con una importante proporción de pymes) y los condicionantes rurales inciden en dichos procesos de innovación. En este contexto, las actuaciones de colaboración en la innovación, el esfuerzo público privado, y la creación de instrumentos de financiación y apoyo, favorecen el éxito innovador.