La decisión de urgencia se ha tomado en la reunión del Ejecutivo catalán, un día antes del arranque de la campaña electoral de los comicios del próximo 12 de mayo. La consellera de Territorio, Ester Capella, ha explicado en la rueda de prensa posterior que la Generalitat pretende evitar la «picaresca» y «que se haga efectiva la contención de las rentas en toda su extensión» ante «el vacío legal» de la ley estatal de vivienda.
El decreto ley modifica la ley catalana de la vivienda de 2007 y acota los usos en los que los contratos pueden considerarse de temporada para diferenciarlos de los permanentes, que son los obligados a aplicar el tope de precio si están situados en zonas de mercado tensionado y son propiedad de grandes tenedores.
Los alquileres de temporada quedarán limitados para usos de ocio, vacaciones y recreativos, como podría ser un congreso o un festival. En cambio, no podrán utilizarse para fines laborales, estudiantiles o incluso médicos, aunque la duración del contrato sea corta. Con esta medida, el Govern busca proteger a los inquilinos ante la fuga de alquileres permanentes hacia temporales que ha detectado desde la entrada en vigor del control de rentas hace poco más de un mes. Al mismo tiempo, se «desincentiva» los «usos fraudulentos», según fuentes del Departamento de Territorio.
Además, el decreto ley regula por primera vez el alquiler de habitaciones y determina que la suma de sus rentas no podrá ser más elevada que el tope que corresponda a la vivienda en la que se encuentran.
El límite de rentas es una medida implementada en Cataluña que establece un tope máximo al precio de los alquileres en zonas de mercado tensionado. Se aplica a las viviendas propiedad de grandes tenedores y busca contener el aumento desproporcionado de los precios del alquiler. Sin embargo, algunos propietarios han recurrido a la «picaresca» de pasar sus contratos a temporales para eludir la aplicación de este límite. El nuevo decreto ley aprobado por el Govern pretende cerrar este resquicio legal y garantizar la efectividad de la medida.
• Un alquiler de temporada es aquel contrato de arrendamiento de corta duración, generalmente destinado a usos vacacionales, de ocio o recreativos. Con la nueva regulación, se restringen los usos permitidos para este tipo de contratos.
• El decreto ley busca evitar que los propietarios utilicen los contratos de temporada de forma fraudulenta para eludir la aplicación del límite de rentas. Se establecen sanciones para quienes incumplan la normativa.
• El decreto ley también regula por primera vez el alquiler de habitaciones, estableciendo que la suma de las rentas de las habitaciones no puede superar el tope correspondiente a la vivienda completa.
Desde el portal inmobiliario pisos.com, su director de Estudios, Font, reconoce que esta norma tiene algunos “aspectos positivos”, como la definición de reglas y condiciones que debe cumplir para estar dentro de lo que es el de alquiler temporal, así como el establecimiento de un régimen sancionador en caso de no respetar dichos limites, algo que no se estipulaba de forma clara en la nueva Ley de Vivienda.
“Sin embargo, debemos tener en cuenta que todo esto se está haciendo a través de una modificación de urgencia, con un decreto justo antes de un periodo electoral, lo que no ofrece mucha tranquilidad ni al sector en general, ni a los propietarios en particular”, reconoce Font, quien lamenta que esta es una tónica “que ha venido produciéndose desde la puesta en marcha de la Ley de Vivienda”.
En este sentido, el experto señala esta intranquilidad y “percepción de persecución” por parte de los propietarios como principales causas de la reducción de la cartera de viviendas en el mercado del alquiler. “Hasta ahora estos inmuebles se estaban traspasando al alquiler temporal, pero con toda probabilidad los propietarios encontrarán nuevas alternativas como trasladarse al mercado de la compraventa o quitarlos del mercado”.
Por todo esto, desde el portal inmobiliario, mantienen que el fracaso de este tipo de políticas intervencionistas ya ha sido demostrado en otros territorios y países. “Con esta reducción de la oferta, aunque cumpla unas condiciones restrictivas, nuestro mercado será incapaz de dar respuesta a todos aquellos que necesitan acceder a una vivienda de alquiler”.