La compañía propiedad de ACS y la italiana Mundys presentó el 9 de abril el escrito de demanda en el que cuantifica en 299,5 millones de dólares (276,2 millones de euros al cambio actual) la indemnización que reclama por la reversión de las autopistas anunciada por el Ejecutivo argentino cuando Alberto Fernández ocupaba la Casa Rosada. Esta cantidad se corresponde con la estimación hecha a cierre de 2023 y será recalculada durante el arbitraje y, llegado el caso, hasta la ejecución del laudo.
Abertis prosigue así en su batalla legal con Argentina después de que los intentos por llegar a un acuerdo amistoso con el nuevo Gobierno de Javier Milei han sido hasta la fecha infructuosos. El consejero delegado de Abertis, José Aljaro, fue uno de los directivos de empresas españolas que participó en el encuentro con Milei en la embajada de Argentina en Madrid el pasado sábado.
Abertis cuenta en Argentina con participaciones en dos concesionarias que explotan las mayores autopistas de peaje de acceso a Buenos Aires. Se trata de Autopistas del Sol (Ausol), en la que la compañía española tiene un 31,59% del capital y que opera las autopistas Panamericana y General Paztiene (Acceso Norte), con una longitud de 120 kilómetros; y de Grupo Concesionario del Oeste (GCO), en la que ostenta el 42,87% y que gestiona la autopista Buenos Aires-Luján (Acceso Oeste), con 56 kilómetros.
Las autopistas de pago siempre ha sido un arma política con la que han jugado los distintos gobiernos argentinos. En enero de 2020, el recién llegado al Gobierno argentino Alberto Fernández anunció que revisaría las concesiones de autopistas que están en manos privadas, refiriéndose explícitamente a las dos sociedades participadas por Abertis. Una amenaza que se materializó un año y medio después cuando confirmó la revisión del acuerdo al que habían llegado en 2018 el Gobierno de Mauricio Macri y las empresas, que reconoció los reequilibrios pendientes hasta 2017 y la extensión de la concesiones hasta 2030 -los contratos finalizaban entre 2018 y 2020-.
Aquel pacto resolvió una larga disputa que había llegado al Ciadi en 2015 por la decisión del Ejecutivo de Cristina Fernández Kirchner de congelar las tarifas.
En enero de 2022, Ausol y GCO reclamaron más de 158 millones de dólares (casi 140 millones de euros) por el incumplimiento por parte del Gobierno argentino de la actualización de las tarifas. En septiembre de 2022, Fernández anunció un decreto para iniciar un proceso judicial con el objetivo de anular los contratos de concesión a Ausol y GCO.
Tras ello, el 29 de agosto de 2023, las empresas presentaron una demanda contra la Procuración del Tesoro de la Nación de la República de Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal de arbitrajes del Banco Mundial, invocando las reglas de arbitraje que aplica a los convenios internacionales. Con ello, el grupo español y sus socios respondieron a las demandas de lesividad por parte del Estado argentino para revertir sus dos concesiones en el país. Tras constituirse el Tribunal Arbitral el 27 de noviembre, el proceso sigue su curso.
