Una de las más importantes es que las empresas cobren las indemnizaciones pendientes con el compromiso posterior de reinvertir el dinero en el país para seguir así consolidando el despliegue de las energías renovables en el territorio nacional. Así lo ha anunciado este jueves en Madrid una comitiva de abogados internacionales que trabajan con algunas de las compañías afectadas bajo el marco de la ‘III Conferencia internacional sobre energía renovable, inversión y seguridad jurídica’. Ha estado liderada por Nick Cherryman, socio del bufete neoyorquino Kobre & Kim LLP; Nikos Lavranos, fundador de la consultora holandesa NL Investment Consulting, y Lena Sanderb, socia del despacho californiano Gibson, Dunn & Crutcher LLP.
La propuesta cuenta ya con el visto bueno de gran parte de las 26 empresas que están pendiente de cobro. Según han informado en rueda de prensa, correspondería al 80% sobre el total adeudado -solo en laudos- por España, que se sitúa en casi 1.562 millones de euros. Además, el Estado debe afrontar el pago de 198 millones en intereses de demora y otros 80 millones de condenas en costas (en total unos 1.840 millones de euros). RWE, Renergy, Triodos, Nextera, Cube, Soles Badajoz o Eurus son algunos de las compañías afectadas. Por su parte, la Abogacía del Estado habría gastado alrededor de 71 millones de euros en bufetes para su defensa. Incluso ha llegado a pedir multas de más de 250.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años para los abogados de RWE que prosiguiesen con el intento de registrar el laudo de la compañía alemana ante la magistratura estadounidense. Dado que España se ha negado a resolver cualquier reclamación y sigue manteniendo los laudos en una situación de impago, los inversores han comenzado a reclamar medidas punitivas contra el país a través de procedimientos legales en terceros países, caso de Reino Unido, Australia o Estados Unidos.
Las compañías emplazan así al Gobierno a sentarse a la mesa para negociar y poner fin a un problema que se alarga ya durante años. Hasta la fecha, se han concluido 33 de los 50 casos y España ha perdido 26 de ellos, mientras que ha conseguido anular tres. Según fuentes del Ejecutivo, los pagos pueden ser contrarios al derecho de la Unión Europea y constituir una Ayuda de Estado ilegal, incompatible con el mercado interior. En este sentido, indican que, en consecuencia, cuando España recibe un laudo reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas y no puede pagar antes de que la Comisión Europea se pronuncie.
En total, los inversores reclaman alrededor de 10.000 millones de dólares (9.240 millones de euros), pero algunos procesos han terminado en desistimiento y otros se han resuelto con el reconocimiento de cantidades inferiores a las planteadas en las denuncias. Se espera que, una vez se resuelvan todos los casos, el monto final sea de aproximadamente 2.500 millones de dólares (2.310 millones de euros). No obstante, los representantes legales de las compañías han advertido de que la cifra se incrementará si no se acomete el pago de las indemnizaciones, debido a los intereses de demora.
Las empresas aseguran que las últimas sentencias a su favor les da alas y confianza para seguir litigando, aunque su mayor prioridad es llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, tal y como han reconocido y ya adelantó este medio. Los arbitrajes ya han resultado en el embargo cautelar de activos soberanos del Reino de España ubicados en Reino Unido, caso de la sede londinense del Instituto Cervantes, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, una oficina de la UNED, una sede de promoción económica ligada a la comunidad autónoma de Cataluña o una cuenta bancaria-. También se ha intervenido de forma parcial el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del barco petrolero Prestige, valorado en más de 900 millones de euros.
Por otro lado, en Australia ya se ha emitido una sentencia de la Corte Suprema que avanza procesos similares orientados a resarcir a las empresas denunciantes, al tiempo que en Estados Unidos hay casi una decena de denuncias en vías de tramitación. La Justicia estadounidense también ha reforzado recientemente la posición de las empresas y los fondos poniendo bajo cuestión la defensa que plantea la Abogacía del Estado -a través de los bufetes que contrata- para no pagar los laudos.
