Los economistas ponen en relación el gasto contemplado en los presupuestos anuales de cada gobierno autonómico con el número de habitantes de la región y sitúan a Navarra como el territorio que más recursos dedica por ciudadano (3.753,9 euros al año), seguida de País Vasco (3.241,31 euros), Extremadura (3.76,41 euros) y Asturias (3.005,21 euros). En el lado opuesto, el de las regiones con menor gasto por habitante se colocan Madrid (2.099,36 euros), Canarias (2.306,05 euros), la Región de Murcia (2.362,26 euros) y Comunidad Valenciana (2.365,83).
Otras, como Cataluña, estarían también por debajo de la media con 2.691 euros por ciudadano. Esta autonomía junto con Castilla y León (2.643,83 euros por habitante) son las dos que se han visto obligadas a aprobar más prórrogas presupuestarias a lo largo de los últimos años. La última ha sido la de las cuentas del año pasado, que llevó al Presidente en funciones, Pere Aragonès, a disolver el Parlament y a convocar elecciones anticipadas tras no lograr los apoyos suficientes para sacar adelante las de 2024.
Dada la importancia de cumplir con el nuevo marco europeo y de trazar un plan creíble y realizable de reducción de los desequilibrios fiscales, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) reclamaba recientemente al Gobierno Central que pacte con el conjunto de los grupos parlamentarios y con los ejecutivos de las comunidades autónomas y ayuntamientos el plan fiscal estructural que deberá remitir a Bruselas el próximo mes de septiembre. En este documento España fijará la senda para reducir su deuda pública los próximos cuatro años y ceñirse a las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
De cara a este ejercicio los territorios deben ajustarse el cinturón para ceñirse a la meta de déficit que exige la vuelta de las reglas fiscales y por la que el conjunto de administraciones públicas no podrá registrar un desfase mayor al 3% de su PIB. El pasado mes de marzo, el PP hizo valer su mayoría absoluta en el Senado y tumbó por segunda vez la senda de estabilidad presupuestaria