Entre ellas, la posible imputación del subsecretario general de Transportes y Movilidad Sostenible, Jesús Manuel Gómez García, y del responsable de Personas de ADIF, Michaux Miranda Paniagua que ha sido solicitada por los Fiscales Anticorrupción españoles. La petición del departamento liderado por Alejandro Luzón en España tiene fecha del pasado 29 de mayo pero, un día después la Fiscalía Europea firmaba el decreto por el que «avoca», es decir, se hace cargo de este asunto, en el que actúa a modo de juez instructor.
En el decreto dictado por el órgano con sede en Luxemburgo informan al Juzgado Central número 2 de la decisión de ejercer su competencia, por lo que recaban la diligencias que él estaba tramitando hasta ahora recordándole que «debe asimismo abstenerse de realizar nuevos actos de investigación».
Por el momento el juez Moreno ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción un informe, que aunque no es vinculante, le servirá para armarse de razones en el caso de acudir al alto tribunal a plantear un conflicto de competencias con el fin de mantener esta causa en la Audiencia Nacional.
La Fiscalía Europea aseguró que tuvo conocimiento de uno de los contratos que investigaba el juez Moreno de los vinculados al Ministerio de Transportes «había sido cofinanciado con fondos europeos», gracias a la información entregada por la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Esta circunstancia ha dado pie a reclamar toda la causa dada la afectación a fondos europeos del pelotazo de Soluciones de Gestión por un monto total de 54 millones de euros. Se trata de investigar todos los contratos adjudicados por las distintas autoridades públicas a la misma empresa en un breve período de tiempo, defienden desde Luxemburgo.
