En un comunicado, las asociaciones de empresarios defienden que el plan del Gobierno “hace recaer en los trabajadores y las empresas del país” el sostenimiento de las pensiones “mediante una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo”. “La propuesta que se pretende aprobar, sin perjuicio de un análisis exhaustivo del documento entregado en la reunión de hoy, es regresiva en toda su extensión porque implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión”, añaden desde CEOE, CEPYME y ATA.
En los planes del Ejecutivo de coalición está el aumento paulatino del 1,2% hasta 2029 del tipo de cotización que paguen las empresas y trabajadores con los salarios más altos. Sería el doble de lo que entró en vigor este año: un 0,6%. Además, las bases máximas de cotización tendrán también una cuota adicional de solidaridad para financiar el sistema, lo que no repercutirá en una mejora de las pensiones más altas. El Gobierno contempla que estas medidas aumenten los ingresos en 15.000 millones de euros anuales.
Según los empresarios, es “inconcebible” que el Gobierno “afronte la reforma del sistema de pensiones sin el necesario debate y diálogo social tras alcanzar un acuerdo con Europa en una cesión de soberanía sin precedentes”. “Así, la propuesta vulnera el necesario debate que tenía que haber tenido lugar en el Pacto de Toledo y no va acompañada del análisis de impacto que llevamos reclamando los interlocutores sociales desde el verano”, añaden. En el comunicado, las patronales recalcan que la “voracidad recaudatoria del Gobierno, a través de propuestas populistas como esta, socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales”.
“Esta propuesta, por último, pone en serio riesgo a las pequeñas empresas y autónomos, que son la mayoría del tejido productivo del país, con menor músculo financiero y con costes crecientes (energéticos, materias primas, financieros, alquileres, hipotecas, fiscales y salariales), con el consiguiente efecto negativo para la creación de empleo”.
Otros de los cambios que propondrá el Ejecutivo es la modificación en el periodo de cómputo de la pensión para que ésta se calcule o con los últimos 25 años cotizados o con 29 años de cotización, de los que se podrán excluir los dos peores, por lo que en la práctica el cómputo en este segundo caso será de 27 años.
