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  DESTACADO PORTADA  Ni legislar, ni nada de nada, como mucho trasponer
DESTACADO PORTADAGobierno

Ni legislar, ni nada de nada, como mucho trasponer

El Gobierno ha aprobado que las grandes empresas paguen al menos el 15% de sus beneficios en el impuesto de Sociedades. "Es un día para felicitarnos entre los que creemos en la justicia fiscal", ha señalado Montero, pero la realidad es que la operación es una simple trasposición de una norma comunitaria a la que el Gobierno estaba obligado.

RedaccionRedaccion—4 de junio de 20240
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Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En ella, ha explicado que «esta directiva es de una gran complejidad técnica» y ha asegurado que «solo afectará a grandes empresas». Según Montero, persigue un objetivo: «Evitar que las empresas desplacen beneficios a territorios de baja o nula tributación».
En concreto, se trata de la transposición a España de la directiva europea que fija un tipo mínimo para el tributo de Sociedades.  La Directiva establece un tipo mínimo global de imposición para grupos empresariales multinacionales o grupos nacionales de gran magnitud que tengan un importe neto de la cifra de negocios consolidado igual o superior a 750 millones
 La Directiva es coherente con el objetivo político fijado en el ámbito de la OCDE y conocido como Pilar 2, que se puede resumir en limitar la llamada “competición fiscal a la baja” o batalla entre países para reducir sus tipos del impuesto sobre Sociedades a fin de atraer inversiones
 Este Anteproyecto contribuye así a la lucha contra la planificación fiscal agresiva de las grandes empresas 4 de junio de 2024.- El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el Anteproyecto de Ley para transponer la Directiva europea (UE) 2022/2523 del Consejo, de 15 de diciembre de 2022, relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición del 15% para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión.
Este proyecto, que será remitido a las Cortes Generales para su tramitación y posterior aprobación, supone seguir las recomendaciones del conocido como Pilar 2 del programa BEPS de la OCDE, una iniciativa que busca luchar contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, a la que se han adherido los Estado miembros y que fue integrada en la Directiva mencionada.

 

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