Ha instado a hacerlo “sin más demora” tras recibir un escrito de 33 magistrados del alto tribunal, que han expuesto “la falta de voluntad” para llegar a un acuerdo que permite la renovación del órgano de gobierno de los jueces y el perjuicio que ocasiona que dicha institución lleve largo tiempo —1.826 días— en funciones.
No es la primera vez que el alto tribunal recuerda la falta de renovación, por desacuerdos en la forma y el fondo de los dos partidos que suman mayoría suficiente para acordar el cambio: PP y PSOE. Como indica el acuerdo difundido este lunes, la Sala de Gobierno ya se dirigió en septiembre de 2021 y junio de 2022 al Consejo General del Poder Judicial para pedirle que “instara de las Cortes Generales la elección inmediata de los vocales que han de sustituir al formado en 2013″. Entonces como ahora el órgano de gobierno del Supremo pone de manifiesto “los muy graves y crecientes problemas que el incumplimiento de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la privación al Consejo General del Poder Judicial en funciones de la facultad de hacer nombramientos discrecionales están suponiendo para el Tribunal Supremo”.
En un acuerdo, la Sala de Gobierno lamenta que sus iniciativas para advertir el perjuicio por la no renovación “han sido en vano” “El perjuicio causado es enorme”, recoge, que apunta a un daño “a la Constitución y a la Ley Orgánica [del Poder Judicial], pues ambas se incumplen manifiestamente nada menos que por las Cortes Generales”. “Quienes tienen en su mano la solución, nada han hecho”, sostiene el texto, que apunta como consecuencias concretas del bloqueo que el propio Supremo carezca de presidente y de vicepresidente titulares, y tampoco tengan presidentes titulares tres de sus cinco salas. En total, el alto tribunal tiene 25 de sus 79 plazas de magistrados vacantes.
En el escrito dirigido a la Sala de Gobierno, con fecha el pasado 18 de junio los 33 magistrados que lo suscriben no solo critican que la tardanza de renovación del Consejo ha provocado el “desapoderamiento a tal órgano de la capacidad de hacer nombramientos”, sino que resalta que la actuación política alimente la “perversa percepción de que tales órganos constitucionales están a expensas de lo que se negocie entre los partidos políticos” y que todo ello responde a “un problema de reparto”. “Eso, a su vez, transmite una idea de contaminación de la Justicia, una imagen de politización que supone una auténtica carcoma para el Estado Constitucional de Derecho”, añaden los magistrados.
En este sentido, la misiva insiste en que “costará mucho tiempo” superar las consecuencias del “progresivo deterioro” del alto tribunal, cuya jurisprudencia como máxima instancia judicial marca el camino a todos los órganos judiciales, para poder tener “la capacidad de respuesta ágil y eficiente de los juzgados y tribunales”. “Es desolador no captar un grado de sensibilidad suficiente, para superar una situación que puede convertirse en catastrófica y muy difícilmente reversible, sin una voluntad clara de ponerle remedio”, concluyen los magistrados.
