En términos nominales, la variación supuso un incremento de 3.000 millones de euros, hasta 40.657,2 millones, y se concentró principalmente en las empresas públicas controladas por la Administración Central, cuyo saldo alcanzó 34.200 millones.
Los saldos de la deuda de las empresas públicas dependientes de las administraciones de las CCAA y de las corporaciones locales fueron más reducidos: 4.200 millones y 2.300 millones, respectivamente, con un incremento de 1.400 millones en las empresas de las CCAA respecto a 2022, mientras que el saldo de las empresas públicas de las corporaciones locales se mantuvo en niveles muy similares a los del año anterior. De cara a una comparativa internacional, la última información disponible publicada por Eurostat es la correspondiente al año 2022 y presenta diferencias metodológicas respecto a la difundida por el Banco de España, ya que el dato de Eurostat incluye, además de las cifras ya comentadas, la deuda de otras unidades, como el Instituto de Crédito Oficial o la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. (Cesce), explican desde el organismo español.
Teniendo en cuenta lo anterior, la deuda de las empresas públicas españolas fue del 4,2% del PIB de ese año, la ratio más baja de un país de la UE y muy inferior a la que presentaban Alemania (88,4%), Francia (67,5%) e Italia (63,8%) en ese año 2022.
