Esta vez el intento de violentar la situación arranco este lunes y el plazo fijado por Diaz es de solo siete días. Si en ese tiempo no llega una propuesta empresarial para reducir la jornada laboral como quiere la vice gallega se rompe la baraja
Pues bien, todo parece indicar que CEOE no dará este paso, una vez que han constatado que el Gobierno no está dispuesto a estudiar los elementos de flexibilidad que se habían valorado en la mesa de negociación bipartita y no ven margen para cambiar las líneas maestras esbozadas por la vicepresidenta segunda.
Han trascurrido cinco meses desde la primera vez que el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, citó a los negociadores de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT en la sede del ministerio y para Trabajo «el tiempo apremia». El equipo de Díaz quiere cerrar el texto antes de que finalice el mes de julio para enviarlo al Consejo de Ministros y que la tramitación concluya con margen suficiente para aplicar las 38,5 horas semanales antes de que acabe el año (noviembre). El Gobierno tiene el respaldo de los sindicatos en este objetivo, pero los empresarios no comparten sus «prisas» ni creen que se pueda dar «carpetazo» al tema dos semanas después de presentar el primer borrador, aunque la ejecutiva tomará la decisión definitiva esta semana.
Varias de las medidas abordadas en la mesa bipartita son precisamente las que el director de Coyuntura Económica de Funcas, Torres, sugería este martes en una jornada organizada por Cepyme a partir del ejemplo de Francia, Bélgica o Portugal. Desde los sindicatos reprochan a la patronal que no haya sido clara en casi cinco meses de reuniones, por más que les hayan pedido a sus negociadores qué querían para acercarse a un acuerdo. A lo que el presidente de CEOE, Garamendi, ha respondido que las han formulado de forma verbal y que el problema es que el Gobierno no está dispuesto a hablar de absentismo, tras elevarse en 2023 un 6,8%, según el último informe de Adecco.
El límite a las horas extra para el tiempo parcial que introdujo Díaz como elemento novedoso del borrador tampoco ha gustado a los empresarios que denuncian que supone un recorte de la poca flexibilidad que deja la redacción de la norma para adaptar la jornada de sus trabajadores a las necesidades de la producción. El Gobierno también ha planteado que los trabajadores que ya tienen un contrato a tiempo parcial tengan derecho a seguir trabajando las mismas horas y que el salario suba en la proporción correspondiente, con el fin de que no se vean perjudicados por la nueva legislación.
El texto también busca modificar la norma de control de jornada que se aprobó en 2019 para garantizar que se haga por medios digitales y que tanto la Inspección de Trabajo como la representación de los trabajadores pudieran tener acceso en remoto a este registro. Además, se elevarán las sanciones asociadas a su incumplimiento, ya que se pasarán a poner por cada trabajador y no una por empresa. La CEOE no ha fijado una posición oficial al respecto, pero sus negociadores esgrimen que es un sistema que no funciona porque no responde a los modelos actuales de trabajo y que solo está pensado para el personal que desarrolla su actividad en una oficina.
