Se trata de una proposición no de ley que el grupo ha registrado para su debate en pleno. Sumar basa su propuesta en que la gestión pública de la generación eléctrica «es indispensable» para la soberanía energética, de manera que se revierta al Estado parte de los beneficios obtenidos en el sector y se abra la puerta a una lógica en la que premie «el bienestar social respecto a la maximización de beneficios económicos».
Y es que, el grupo cree que la gestión privada de los recursos hidroeléctricos por empresas privadas «no opera bajo criterios de competencia», al tiempo que la regulación para intentar corregir las malas prácticas en el sector «se ha mostrado reiteradamente ineficaz».
Sumar justifica esta sentencia en que el pasado enero la Audiencia Nacional absolvió a Iberdrola Generación de la acusación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de manipular de su portfolio de generación para maximizar el beneficio de sus centrales hidroeléctricas. «Resolver este problema pasa por intervenir con otros instrumentos. Y esto sólo es posible con un sector público fuerte», remarca el grupo plurinacional.
Ante este panorama, la formación propone una empresa pública que tenga personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, para la producción de energía eléctrica a través del uso privativo de las aguas.
La fórmula para el diseño de esta compañía pasaría o por empezar de cero o con la transformación de Hunosa, que pertenece a la SEPI, en esa nueva compañía pública de generación de energía, que podría abrirse a la participación pública de las comunidades autónomas. Siguiendo con la empresa pública, el grupo parlamentario propone habilitarla para desarrollar e invertir en nuevas instalaciones de producción de energía y para constituir sociedades, así como participar mayoritariamente en otras ya constituidas, para llevar a cabo la actividad de generación de energía.
El objetivo de esta propuesta es revertir sus beneficios en la ciudadanía y contribuir a la restitución económica y social de los municipios afectados por las instalaciones hidroeléctricas, en proporción a la generación producida en cada territorio.
Por otro lado, Sumar insta al Gobierno a elaborar un informe sobre la situación de las concesiones sobre el dominio público hidráulico existentes que delimite y clarifique los diferentes vencimientos de estas, y que analice el cumplimiento de los términos de dichas concesiones. Para poder alcanzar todos los objetivos incluidos en la proposición no de ley, el grupo plantea una reforma de la Ley de Aguas
