En el escrito de acusacion, los fiscales del caso solicitan además una pena de 8 años y 9 meses de prisión para el exviceministro venezolano Nervis Villalobos, además de una multa de 3,6 millones de euros.
En 90 páginas, y tras hacer un pormenorizado análisis de los hechos, los fiscales José Grinda y Juan José Rosa acotan su acusación en 11 personas físicas y una jurídica (Duro Felguera) y destacan que a lo largo de la investigación, otro de los exviceministros venezolanos procesado, Javier Ochoa Alvarado, «ha tenido un comportamiento de activa y eficaz colaboración con la Administración de Justicia», dado que «no solo reconoce los hechos sino que ha aportado datos que han permitido esclarecer hechos investigados y personas responsables de los mismos», por lo que señalan que se le deben aplicar atenuantes.
Anticorrupción pide además, tanto para la empresa como para estos dos exdirectivos, que el tribunal sentenciador les inhabilite para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 2 años. En el escrito, los fiscales solicitan también una pena de 2 años y multa de 1,5 millones para María Consuelo Pardí –exmujer de Ochoa Alvarado–, y 2 años y 9 meses para la esposa de Villalobos, Milagros Coromoto Torres.
En cuanto a los delitos que achaca Anticorrupción a los investigados, el escrito enumera hasta una docena de ellos que giran sobre las figuras del delito continuado de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, el delito continuado de falsedad de documento mercantil y el blanqueo de capitales.
Tal y como recuerda la Fiscalía en su escrito, los hechos investigados se remontan a 2009, cuando hubo «una gran crisis energética en Venezuela» que llevó a restricciones y a una declaración de «emergencia eléctrica». Los fiscales indican que, «como una de las soluciones para paliar dicha emergencia se decidió por la administración venezolana la construcción de la central termoeléctrica ‘Planta El Sitio’, en Santa Lucía (estado de Miranda)» con el objetivo de surtir a la Gran Caracas, con 4,5 millones de habitantes.
«Para la adjudicación de esa obra, el entonces ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, consiguió que se designara a la empresa española Duro Felguera» y «ésta, a cambio, se comprometió a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos que determinaron dicha adjudicación», afirman, para añadir que fueron Ángel Antonio del Valle y Juan Carlos Torres quienes «decidieron dichos pagos, en nombre de Duro Felguera». Detallan que, para la construcción de la central, Duro Felguera actuó como UTE Termocentro, que firmó «una serie de contratos con entidades y personas venezolanas que tenían por objeto encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos, para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil».
En concreto, precisan que se pagaron al menos 105,6 millones de dólares a Villalobos a través de «sociedades interpuestas» a fin de que «éste usara su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de aquella mercantil». Esa cantidad, aseveran, se pagó en tres tandas a lo largo del período de diciembre de 2008 a marzo de 2013 y resultaron «pagos útiles» para que desde los puestos ocupados por los acusados Luis Carlos de León Pérez, Julia Van Der Brule, así como el de Javier Ochoa Alvarado, entre otros, y con los contactos de Nervis Villalobos, «se beneficiara a la oferta presentada por la UTE Termocentro».
El juez instructor, en el auto de procesamiento sostuvo que fue ese «trato de favor» obtenido mediante presuntos sobornos lo que permitió que Duro Felguera consiguiera el contrato para la ejecución del proyecto Termocentro, valorado en 1.500 millones de dólares.
