Porque también ha planteado que se endurezcan las sanciones por incumplir este límite hasta un máximo de 983.000 euros si supone un «riesgo grave e inminente para la seguridad y salud» de los trabajadores. El borrador presentado a los agentes sociales propone incluir la transgresión de los límites al tiempo de trabajo que recoge el Estatuto de los Trabajadores entre los incumplimientos graves sobre relaciones laborales que conllevarían sanciones de entre 1.000 y 10.000 euros, en función de si la infracción es considerada de grado leve, medio o máximo. De forma que se equipararía a las que actualmente se aplican a los incumplimientos sobre contratos.
Pero Trabajo también aboga por retocar los artículos 12 y 13 de la misma norma que hacen referencia a las infracciones graves y muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, las que abren la puerta a un abanico de sanciones que van desde los 2.451 euros (para graves en su grado mínimo) hasta los 983.736 euros (muy graves en grado máximo). En concreto, se incluyen los «incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que afecten al disfrute de los periodos mínimos de descanso diario y semanal, vacaciones anuales, duración máxima de la jornada de trabajo, pausas durante la jornada, así como a la regulación del trabajo nocturno, trabajo a turnos y ritmo de trabajo» siempre que generen un perjuicio a la salud de los trabajadores. Tal y como se desprende de la redacción de la propuesta, la etiqueta de grave o muy grave se asignaría en función de si el daño a la salud y a la seguridad del trabajador es o no inminente, dado que esta puntualización en el artículo 13 es la única que diferencia las dos cláusulas. Las fuentes de la negociación consultadas trasladan que el Gobierno no ha detallado en la mesa cuál sería la cuantía de estas sanciones, si bien, fuentes del Ministerio de Trabajo confirman a este medio que resulta de aplicación el apartado 40.2 que se refiere de forma específica al incumplimiento en materia de prevención de riesgos (lo recogido en los artículos 11,12 y 13).
«Hemos incorporado a ese papel una agravante para aquellas infracciones relacionadas con el tiempo de trabajo que puedan provocar daños a la salud y a la seguridad de los trabajadores, porque el problema no es solo ganar bienestar, es que las jornadas excesivas, desproporcionadas, el trabajo de sol a sol mata. Lo vemos cuando hay circunstancias climáticas adversas, pero también cuando produce el agotamiento en ámbitos como el transporte o donde hay trabajos delicados desde el punto de vista de los trabajadores que lo llevan a cabo», ha explicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión CCOO, UGT, CEOE y Cepyme.
Tanto los empresarios como los representantes de los trabajadores han solicitado al Ejecutivo cierto margen para estudiar esta propuesta y decir cuál es su posición al respecto, dado que se trataba de un aspecto que no había sido tratado hasta el momento. Las partes han acordado verse el próximo miércoles 17, donde se espera que los agentes sociales también lleven una valoración de la propuesta sobre la libre distribución de horas y se midan las opciones reales de llegar a un acuerdo después de varias semanas en las que el Gobierno y los empresarios habían agravado un enfrentamiento que ya estaba latente por el cambio en la prevalencia de los convenios colectivos y la reforma del Consejo Económico y Social.
Para los empresarios, la flexibilidad y la transitoriedad en la aplicación de la jornada de 37,5 horas semanales son las dos líneas rojas. No obstante, en los últimos encuentros Trabajo y los sindicatos habían acusado falta de concreción por parte del empresariado, que ha expresado especial preocupación por los convenios que se sitúan lejos de este límite -entre los que están la hostelería, los servicios inmobiliarios o el comercio-.
