El pacto, al que ha hecho referencia durante su comparecencia en La Moncloa para hacer balance del curso político, busca compatibilizar mejor la pensión y el empleo con cambios en la jubilación activa y parcial, de forma que el tránsito hacia la jubilación sea más flexible. Según Sánchez, permitirá también aprovechar mejor los recursos de las mutuas y regula el acceso a la jubilación en el caso de las profesiones de riesgo.
Se trata del cuarto acuerdo alcanzado en los años del Gobierno de coalición en materia de pensiones y ha servido para consensuar una nueva regulación de la jubilación parcial y de la jubilación activa para «hacerla más atractiva y mejorar la compatibilidad de empleo y pensión», según avanzan desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El objetivo es que la salida de los trabajadores del mercado sea más progresiva y flexible, en línea con lo que sucede ya en los países de nuestro entorno y que se adapte mejor a las condiciones y situaciones personales.
En lo que respecta a la jubilación activa, se elimina el requisito de tener una carrera de cotización completa, lo que facilita su acceso y tiene una especial incidencia desde la perspectiva de género. Este tipo de jubilación será compatible con los incentivos de demora en función del tiempo que se retrase. Así, cada año de demora en la jubilación activa, incrementará el porcentaje a aplicar en el percibo de la pensión.
Por lo que se refiere a la jubilación parcial, se amplía de dos a tres años la posibilidad de anticipo con límites en la reducción de la jornada. Además, se mejoran las condiciones del trabajador relevista, puesto que se obliga a las empresas a que su contratación sea indefinida y a tiempo completo en un puesto no amortizable.
En el caso de la regulación especial de la jubilación parcial anticipada para los trabajadores de la industria manufacturera, se amplía el marco actual hasta el año 2029, incluido. Esta prórroga incorpora algunos ajustes para mejorar las condiciones del trabajador relevista y el diseño de una regulación más equilibrada y flexible para la empresa en cuanto a la organización de la jornada del relevista y del pensionista.
El pacto también contempla una mejora de la jubilación demorada con la posibilidad de recibir un incentivo adicional por cada seis meses que se retrase el retiro a partir del segundo año -y no sólo cada doce meses-, precisan desde el Ministerio de Inclusión.
Por otra parte, el documento también fija el marco para un mejor aprovechamiento de los medios asistenciales de las mutuas en las pruebas diagnósticas y tratamientos en los procesos de Incapacidad Temporal de origen traumatológico. «Las mutuas forman parte del sistema público y con este nuevo marco aprovechamos mejor sus recursos», apunta la ministra, que incide en que la meta es garantizar una atención más especializada y menos esperas en los tratamientos, así como descongestionar el sistema público de salud.
Desde el departamento que encabeza Sáiz ponen en valor, además, que se ha logrado un consenso sobre el procedimiento para establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación en el caso de las ocupaciones especialmente penosas o peligrosas. Se tendrán en cuenta, así, factores como la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja médica; así como las declaraciones de incapacidades permanentes y los fallecimientos.
