Así lo recoge el nuevo Plan Estratégico 2024-2028 de Correos, aprobado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el pasado miércoles tras el acuerdo entre compañía y sindicatos. En los últimos años, la anterior dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores han estado inmersos en un continuo conflicto por la situación de quiebra técnica que denunciaban los sindicatos, al sumar pérdidas cercanas a los 700 millones de euros en los últimos cuatro años, como consecuencia de la pandemia y de la caída del negocio postal tradicional.
Con el nombramiento de Pedro Saura como presidente el pasado mes de diciembre tras la constitución del nuevo Gobierno, la empresa inició una nueva etapa de acercamiento a los sindicatos, que concluye ahora en este gran acuerdo para volver a la rentabilidad al final del periodo del plan, en 2028.
El primero de los tres ejes en los que se ha dividido el plan estratégico recoge la financiación que recibirá la compañía por parte del Estado, con un total de 1.050 millones de euros a lo largo del periodo, lo que supone duplicar los 550 millones de la etapa anterior, es decir, entre 210 y 250 millones anuales.
El Gobierno también se ha comprometido a que Correos siga siendo el operador para prestar el servicio postal universal (SPU) más allá de 2025, después de que ese mandato venza este 2024, para lo cual habilitará la pertinente modificación de la ley postal, según recoge CCOO.
Las notificaciones pasarán a formar parte del SPU y el correo público se incluirá en la agenda 2030 como empresa estratégica de país para lograr su cohesión social y territorial.
El segundo eje, dotado con 1.350 millones de euros, incluirá una nueva financiación de 750 millones de euros para que Correos siga prestando servicios públicos a la ciudadanía, como los servicios financieros que ya tiene en el ámbito rural, que hasta ahora no tenían una compensación como sí pasa en otros países europeos como Francia o Italia.
En este sentido, el plan baraja que Correos cuente con un banco propio para garantizar la accesibilidad a servicios financieros en todo el territorio. Bajo este mismo eje se activará un plan de inversiones e internacionalización de 600 millones para adquirir nuevas empresas o tecnologías y mejorar los procesos.
El tercer eje se centra en el plano laboral, incluyendo nuevas ofertas de empleo público de entre 3.000 y 4.000 puestos, la implementación de la jornada de 35 horas y el estudio de la semana laboral de 4 días, avanzar en salarios hasta los 2.000 euros y el inicio de la negociación de un nuevo convenio colectivo a partir de septiembre.
