Los nombramientos de Aragonès responden a la normativa actual, según la cual los expresidentes de la Generalitat tienen derecho a un director de oficina y dos trabajadores eventuales, así como escolta, coche oficial y despacho propio. El sueldo de Ricomà rondará los 80.000 euros brutos anuales, mientras que tanto Sabat como Sarrats tendrán un salario de en torno a los 50.000 euros.
Aunque Aragonès renunció a su acta de diputado y anunció su retirada de la política, seguirá cobrando durante esta legislatura el 80% de su sueldo como presidente: en torno a los 9.100 euros brutos al mes en doce pagas, lo que se traduce en unos 110.000 euros al año. En el caso de que Aragonès pasara a ejercer un cargo público o a trabajar en el ámbito privado, así como si participase en consejos de administración, se le retiraría esta retribución. Si no, la puede recibir hasta 2028.
Hasta ahora, según el portal de transparencia de la Generalitat, Aragonès cobra 136.177,50 euros brutos al año. Pasada esta legislatura, dejará de cobrar este salario, pero cuando se jubile tendrá derecho a una pensión vitalicia del 60% del sueldo de presidente; esto es, de unos 6.875 euros mensuales.
Aragonès aún no ha establecido el lugar físico desde el que funcionará su oficina, algo que sí tienen otros expresidentes de la Generalitat. La única excepción actualmente es Jordi Pujol, a quien Mas se la retiró tras hacerse público que tenía dinero en el extranjero. Torra tiene su oficina en Gerona, mientras que Mas y Montilla, en Barcelona: el primero en unas dependencias de la Generalitat en el Palau Robert y el segundo, en un espacio alquilado.
Puigdemont también tiene un emplazamiento, dirigido por su mano derecha, Alay, mientras está en Waterloo. En el caso de Pasqual Maragall, retirado desde el 2007 tras ser diagnosticado de Alzheimer, los gastos de su oficina se destinaron a su cuidado.