La decena de magistrados han resaltado que «desde la constitución de este CGPJ, el día 25 de julio de 2024, se han producido declaraciones públicas de miembros del Gobierno de la Nación, que consideramos exceden de lo que es el legítimo uso de la libertad de expresión y de las criticas moderadas y racionales a las resoluciones judiciales».
El escrito, recoge que «afirmar que el Tribunal Supremo se extralimita al interpretar una ley, cuando esta es la función principal que le atribuye la Constitución a los órganos judiciales, o atribuirle una actuación que ‘no hay por donde cogerla’, y anunciar que la interpretación realizada no prevalecerá sino que ‘lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación y la implementación de una ley’ a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, junto con el resto de descalificaciones vertidas ante los medios de comunicación, son manifestaciones fuera de los límites que exige la separación de poderes y el respeto entre los mismos».
De esta manera, hacen referencia –entre otras– a las manifestaciones que realizó el titular de Transportes, Puente, en RTVE: «Nosotros lo que hicimos es promulgar una ley que tiene un tenor literal muy claro y lo que no pueden hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretarla, diciendo, por ejemplo, que ha habido malversación porque los independentistas se ahorraron de su peculio el dinero que les hubiera costado la campaña de la independencia o el referéndum ilegal».
Los firmantes –los vocales José Luis Costa, José Antonio Montero, Pilar Jiménez, Eduardo Martínez, Gema Espinosa, José María Páez, Esther Rojo, Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal– han pedido al Pleno que declare «su más firme rechazo a las referidas manifestaciones» y que se haga un «nuevo llamamiento para la contención y la prudencia en la crítica a las resoluciones judiciales en particular y al Poder Judicial en general». «Solicitamos a los responsables que cesen sus manifestaciones en términos similares a los que ahora denunciamos», han expresado al Gobierno.
No obstante, este punto no se ha incluido finalmente en el orden del día del Pleno que ha tenido lugar este lunes 19 de agosto, donde sí se ha acordado aprobar 112 acuerdos en relación con asuntos considerados urgentes e inaplazables, y que no podían esperar siquiera a la designación del nuevo presidente del órgano de los jueces.
