El magistrado del Tribunal Supremo no retiró la orden de detención que pesa sobre el expresidente de la Generalitat al considerar que el delito de malversación no se incluía dentro del ámbito de aplicación de la ley al generar perjuicio al Estado.
La denuncia de Puigdemont, al que acompaña en el escrito el eurodiputado Toni Comín, se dirige al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y aparece firmado por el abogado Boye. En él, se acusa a Llarena de un «retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución» de los recursos.
En el escrito, se pide al órgano de gobierno de los jueces que investigue ese retraso al considerar que el juez del Tribunal Supremo ha incurrido en una infracción disciplinaria de la Ley Orgánica del Poder Judicial al haberse «excedido con creces el plazo previsto» en el ordenamiento para resolver los recursos.
Y es que, apunta el letrado, «la inobservancia de los tiempos legalmente establecidos durante el ejercicio de las funciones o competencias judiciales tiene su respuesta disciplinaria en las faltas muy grave, grave y leve».
Los mismos se presentaron, en concreto, contra el auto por el cual el juez declaró inaplicable la amnistía al delito de malversación que se imputa a Puigdemont y Comín. También recurrieron esa decisión, al menos, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la defensa de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y del exconseller Lluís Puig.
El letrado asegura que «los denunciantes han presentado dos recordatorios de la pendencia de dichos recursos de reforma». «No cabe duda alguna de que el magistrado ha tenido un conocimiento singularizado de las particulares circunstancias del asunto, habiéndosele dado cuenta específica de su retraso hasta dos veces, a pesar de lo cual ha continuado sin despacharlo», sostiene.
Todo ello, incide en su escrito, a pesar de que Llarena dejó «sin efecto su licencia de vacaciones con el anhelo notorio de supervisar la captura» de Puigdemont. «Lo que, además de poner de manifiesto lo malicioso de la dilación, indica que no existe razón justificada de ninguna clase para no resolver dentro del plazo legal», concluye
