Dicha adjudicación tiene por objetivo «el mantenimiento de las estaciones de armas de accionamiento remoto ‘Mini Samson’, integrados en los vehículos blindados ‘RG-31′», ha explicado la formación, que también se refiere a otra adjudicación de abril por parte de Defensa de «un contrato de más de 207 millones de euros para la fabricación de los designadores para los ‘Eurofighter’, esta vez para la empresa matriz ‘Rafael’.
A juicio de los de la vicepresidenta segunda, «estas asignaciones contravienen el acuerdo del Gobierno de cesar la compra y venta de armas con Israel, que incluye también la no adjudicación de contratos relacionados con su sector de la Defensa ni sus empresas».
«El genocidio que se está llevando a cabo en Gaza no debe de ninguna de las maneras contar con el apoyo del Gobierno de España, sea a través del comercio directo o de la adjuticación de contratos», han defendido desde Sumar. En este sentido, han pedido al Gobierno que aclare si considera que dichos contratos «contradicen las declaraciones previas sobre el cese de relaciones comerciales con el sector de la defensa de Israel» y que aclare «en qué organo» se han autorizado ambos.
Asimismo, han exigido que se expliquen las medidas que se van a tomar para «anular» dichos contratos y «cuándo se van a adoptar dichas medidas» así como las medidas que emprenderá el Gobierno «para cerciorarse de que ningún otro contrato del sector armamentístico se adjudique» a estas empresas o a otras relacionadas con este sector israelí.
