De hecho, los asalariados de Empresas Públicas y de las Administraciones fueron 3,55 millones en el segundo trimestre de 2024, comparados con los 3,19 millones del mismo periodo hace cinco años, es decir, el número de personas que trabaja para el estado se han incrementado un 11,4%. Por su parte, el empleo privado en ese mismo periodo solo aumentó un 9,1%, 16,6 millones en el primer trimestre de 2019, frente a los 18,1 millones de junio de este año. Aunque parezca que el sector privado está traccionando de la economía española, aportando más afiliados a la Seguridad Social, la realidad es que a nivel porcentual los funcionarios del Estado y personal contratado han crecido más rápido.
Una estadística más exacta de cómo evoluciona el sector del empleo público es la que ofrece los datos de afiliación a la Seguridad social. El número de funcionarios alcanzó en mayo el mayo el mayor hito al superar los tres millones de afiliados medios a la Seguridad Social, con un crecimiento interanual del 3,3%. Este récord se produjo en un contexto delicado para el Gobierno, que se enfrenta a la presión de la justicia europea para convertir en indefinidos a miles de interinos, mientras prepara una nueva oferta de empleo público que establecerá un nuevo récord con aproximadamente 40.121 nuevos puestos, superando la oferta de 2023.
De estos más de tres millones de empleados públicos, el 61% se encuentra en las comunidades autónomas, que han incrementado sus plantillas un 4,43% en comparación con el año anterior. En total, 1,84 millones de trabajadores están al servicio de los gobiernos autonómicos, consolidando su papel como el principal empleador dentro del sector público.
De hecho, más de la mitad de los trabajadores públicos se concentra en las cuatro comunidades autónomas más pobladas: Andalucía, con 626.300 empleados; Madrid, con 518.000; Cataluña, con 494.900; y la Comunidad Valenciana, con 375.500. Sin embargo, estas comunidades no lideran en cuanto al peso del sector público en el total del empleo. De hecho, Cataluña y Madrid tienen las proporciones más bajas, con un 13,1% y un 15,2%, respectivamente. En cambio, Extremadura encabeza la lista, con más del 26% de su fuerza laboral en el sector público, seguida por Castilla y León, donde el 21,1% de los trabajadores están empleados en la administración.
Por otro lado, los ayuntamientos, que emplean a 741.383 personas y representan el 24,5% del total de afiliados en el sector público, han experimentado un leve retroceso. En el último año, sus plantillas han disminuido un 1,22%, una tendencia que contrasta con el aumento general en otras administraciones.
La administración central cuenta con 440.780 afiliados, lo que representa el 14,5% del total de empleados públicos. Este sector ha experimentado el mayor incremento de personal, con un crecimiento del 6,8%, que es 2,8 veces superior al aumento del 2,45% registrado en el empleo privado durante el mismo periodo. Este crecimiento se debe en gran medida a las sucesivas ofertas públicas de empleo aprobadas en los últimos años, que el Ejecutivo ha calificado como «récords».
En junio, el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 71.100 personas, alcanzando un máximo histórico de 21,39 millones de cotizantes, según datos oficiales. Este incremento, impulsado principalmente por el turismo, se reflejó en casi todos los sectores y provincias de España. Sin embargo, la educación fue una excepción, con la pérdida de 51.600 empleos, un fenómeno habitual al finalizar el periodo escolar. Por otro lado, la hostelería lideró la creación de empleo, sumando más de 32.000 nuevos trabajadores, en línea con el crecimiento del año anterior.
Destaca también el dinamismo del sector público (excluyendo educación y sanidad), que añadió casi 13.000 nuevos cotizantes, registrando uno de los mayores incrementos históricos en un mes de junio.
El empleo público se ha convertido en la gallina de los huevos de oro para los nuevos funcionarios. Desde principios del siglo XXI, se ha visto cómo el número de trabajadores estatales se ha disparado en tres grandes etapas que dejan claro que, cuando se trata de inflar las filas de la administración, no hay crisis económica que valga. Primero, bajo la batuta de Rodríguez Zapatero, entre 2002 y 2011, se engordó el sector público con casi 700.000 nuevos empleados. La receta para enfrentar la crisis fue sencilla: más manos para sostener el aparato estatal, llevándonos de 2,6 a 3,3 millones de funcionarios.
Luego, llegó la austeridad con Mariano Rajoy, quien decidió aplicar una dieta forzada al empleo público. Entre finales de 2011 y 2013, los funcionarios adelgazaron hasta los 2,9 millones, para luego estabilizarse en unos modestos 3 millones hasta mediados de 2017. Pero, la recuperación del empleo público comenzó con el último suspiro de Rajoy en 2018 y se transformó en una verdadera avalancha bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Con el socialista al timón, se ha presenciado una expansión sin precedentes, sumando más de 400.000 nuevos empleados hasta superar los 3,5 millones, alcanzando así un nuevo récord histórico.
Bajo la dirección de Sánchez, el crecimiento del empleo estatal ha seguido un rumbo imparable. Este fenómeno se puede dividir en dos episodios. El primero, que va desde mediados de 2018 hasta mediados de 2020, coincide con la pandemia. Durante este tiempo, la administración sumó más de 100.000 nuevos empleados, elevando la cifra de funcionarios a 3,2 millones. En la segunda etapa, que va desde mediados de 2020 hasta el presente. Aquí es donde el empleo público experimentó un crecimiento desmesurado, añadiendo más de 300.000 nuevos funcionarios. Con este esfuerzo, el gobierno ha logrado llevar la cifra total por encima de los 3,5 millones.
